No se terminan de aclarar los problemas de la corrupción en la estatal petrolera cuando se registran otros salpicones de corrupción y que se producen en altos niveles de la institución, donde los ejecutivos están en la mira de los asesores legales, pero resulta que al mismo tiempo ofician también como parte representativa reconocida de la misma empresa.
Al cierre de la semana pasada saltó otro hecho relacionado con una supuesta adquisición irregular de terrenos en Yacuiba, para construir una planta de separación de líquidos de la Gran Chaco, terreno que no está en riesgo, pero cuya compra muestra una alteración de precio, no explicada aún por el alto funcionario legal, comprometiendo la seriedad con que debe manejarse las cuentas en la economía de YPFB.
Según los datos que emanan de la investigación realizada y que explicó una asesora legal de la petrolera boliviana, YPFB pagó por 450 hectáreas de terrenos en Yacuiba la suma de 8,8 millones de bolivianos, mientras que el precio establecido para los predios en que se instalará la planta de líquidos era de 9,7 millones de bolivianos. La diferencia es mínima pero surge la incógnita, ¿si se pagó menos en tal transacción se supone que sería favorable a los intereses de la entidad petrolera?, pero tal parece que no es así.
Se ordenó la detención del asesor directo de la gerencia de plantas en la ciudad de Santa Cruz bajo los cargos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito y obstrucción a la justicia y además se critica la acción cumplida como reñida con factores que alteran el código de ética de los funcionarios de Yacimientos.
En el tema de la compra de los lotes hay más gente comprometida aunque sin modificar el sentido de la denuncia que reconfirma el pago de 8,8 en lugar de 9,7 millones de bolivianos para 450 hectáreas de terreno en Yacuiba, no hay otra figura que comprometa el hecho en el que la falla es de 0,9 millones de bolivianos.
La pregunta flota fuera de la estatal petrolera, pues se supone que al hacer ahorro en el pago de obligaciones queda inclusive sin opción la posibilidad de que se aproveche un sobreprecio como ya ocurrió en otras transacciones por tanto es un caso sui géneris que seguramente tendrá alguna justificación y naturalmente acompañada de su explicación legal.
Las cosas que pasan en altos niveles de instituciones estatales llevan a la ciudadanía a una serie de cavilaciones sobre el sentido de algunas denuncias que se plantean y los hechos que se registran como parte de una cadena de corrupción, cuyos eslabones aumentan comprometiendo seriamente la administración del Estado, donde se habla de erradicar la corrupción, ese mal endémico que parece difícil de curar.
De todos modos, como vaya a presentarse la figura del último salpicón de corrupción en YPFB merece una explicación formal para desvirtuar algunas apreciaciones que muestran el caso como una forma de coerción interna dirigida a sustituir a ciertos funcionarios que además de pagar menos, no cumplen con algunas resoluciones y normativas, sobre la adquisición de terrenos.
Fuente: LA PATRIA
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