¿Corrupción estatal?

El gobierno del cambio, infelizmente se encuentra cercado por conductas que lindan en la delincuencia, así como denuncias que emergen de los medios de comunicación del exterior, donde se muestra, a quienes se encuentran circunstancialmente en el manejo del poder, como actores de actitudes que denigran la imagen del gobierno y paralelamente del país, aspectos estos que no pueden ignorarse en razón de la ética y moral que tenemos los periodistas, amén del derecho que tiene todo ciudadano a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones y comunicarla libremente, en el marco de lo que el propio gobierno ha acuñado: El Control Social.

Por si fuera poco, aparece en escena un nuevo caso de corrupción y justo en el área de hidrocarburos, aspecto este que recuerda a este columnista que, cuando formuló renuncia al alto cargo de Superintendente de Hidrocarburos en el mes de septiembre del año 2006, hizo constar a S.E. la presencia de esta lacra de la corrupción en dicha área, y parece que no tomó en cuenta y considero que no ha debido dar credibilidad a dicho criterio; sin embargo, los hechos posteriores nos están dando la razón.

Lo curioso es que hasta el momento no se han tomado las medidas que se las aplicaron en el caso del señor Santos Ramírez que fungía como Presidente de YPFB, tal cual es de conocimiento de la opinión pública, al extremo de que recientemente este ciudadano hace una declaración en sentido de que se le habría tendido una trampa, señalando como responsable de ella al actual Ministro Secretario de la Presidencia de la República, mientras que este al ser aludido no dice nada absolutamente hasta el presente.

El último caso de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, se dice que preocupa al Presidente Evo, en el que estarían involucrados dos ejecutivos que responden a los nombres de Gerson Rojas y Agustín Ugarte, quienes eran los responsables del proyecto de tratamiento de la Planta de Separación de Líquidos Rio Grande, pero que curiosamente no se dice nada del señor Carlos Villegas a la sazón Presidente de la Empresa Estatal del Petróleo, quien en su condición de tal es la figura responsable de todo proyecto y ejecución del mismo, tal cual señala su propio Estatuto Orgánico.

No olvidemos que el primer caso de corrupción descubierto en YPFB, fue como consecuencia de la muerte del señor O’Connor, y curiosamente este segundo caso también fue producto de un accidente de vehículo, pero con características diferentes en razón de que el vehículo que conducía Gerson Rojas se dice que retornaba del trópico de Cochabamba, extrañándose que las puertas de dicho vehículo desaparecieron, lo que da la idea de tratarse de un incidente incierto al margen de lo que conllevó el descubrir dineros provenientes de “comisiones” en el proyecto Rió Grande. Colegimos en consecuencia que, la reserva impuesta originalmente en la investigación, no fue sino producto de aquella circunstancia de haber desaparecido dichas puertas del vehículo, lo que supuestamente determinaría estar en la presunción de tratarse de dos conductas ilícitas.

La ministra de Transparencia y Anticorrupción está ante varios problemas que debe resolver, no solamente por ser esta su tarea, sino porque se trata de la imagen de Bolivia ante el concierto internacional; pero, lo mas urticante es el hecho de que las declaraciones de los primeros magistrados del país , que es la filosofía del cambio, no condicen con la realidad pragmática en la que se encuentran envueltos precisamente altas autoridades, que dicen estar en aquella línea pero que no la aplican, lo que nos lleva a recordar algunos conceptos lanzados por algunos funcionarios subalternos que dicen: “si los k’aras hicieron plata, ahora nos toca a nosotros”. Para buen entendedor pocas palabras.

Pienso que a futuro se continuarán descubriendo actos de corrupción , y para ello aconsejamos la conformación de un instrumento completamente ajeno al Gobierno y los partidos políticos, porque extrañamos que las instituciones que existen actualmente no están cumpliendo con sus obligaciones, lo que da la impresión de fomento a la impunidad.

(El ejercicio del poder corrompe y su sometimiento degrada).