Como efecto de medidas dictadas en regímenes autoritarios y que regían con la penalización de algunos derechos de los trabajadores, se ha determinado derogar el artículo 234 del Código Penal y modificar el 232 del mismo instrumento legal reconociendo el derecho laboral a la huelga y la protección al fuero sindical.
Se trata del anteproyecto que presentó el Presidente del país a la instancia pertinente a través del Ministro de Trabajo y en presencia del ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), como una muestra de atender la demanda de los trabajadores y restituir sus derechos que fueron vulnerados durante periodos de las dictaduras.
Por supuesto que el planteamiento de reforma de artículos en el Código Penal deberá pasar por la instancia de la Asamblea Legislativa, en la que la mayoría oficialista debe apresurar esa gestión recomendada por el Primer Mandatario y que en adelante eliminará las restricciones al derecho de huelga y sanciones a dirigentes sindicales en ejercicio.
Dirigentes de la COB mostraron complacencia por la intención presidencial, aunque comentaron que en últimas movilizaciones justamente esos artículos vigentes sirvieron para restar valor a la medida de huelga, afectando incluso a ciertos dirigentes laborales de sectores que no hace mucho estuvieron movilizados.
Otro antecedente especial en las tareas de favorecer a sectores laborales, tiene que ver con el anteproyecto que permitirá incorporar a los trabajadores municipales a la Ley General del Trabajo, aspecto que también ha sido reclamado por ese sector que tiene miles de afiliados en todo el país.
Se está dando normativas especiales en materia socio laboral, en lo que parece un acercamiento incipiente aún pero de proyección más directa del Ejecutivo con los trabajadores, estos últimos considerados como el pilar de los movimientos sindicales y cuya fuerza podría ser encauzada con justificadas acciones a las perspectivas políticas del sistema vigente.
En todo caso, hay ciertas condiciones ineludibles en lo que atañe a cualquier decisión que pudiera adoptar el organismo laboral y que la misma debe pasar por la instancia de su consideración en eventos sindicales, como los ampliados o los congresos en que se definen las estrategias del sector, una que está dando vuelta en la cabeza de los dirigentes sindicales es justamente la creación de un partido político de los trabajadores, para enfrentar lo que consideran como inequidad salarial y autoritarismo gubernamental.
Hay muchas cosas que tendrían que ser modificadas en la estructura de la administración gubernamental, por ejemplo en el campo legislativo que debe trabajar en la actualización de muchas leyes y en su aprobación urgente para no interferir en el desarrollo de ciertos proyectos, como los de orden productivo.
Si en el país se logra un balance en el tratamiento de conflictos, de manera que los sectores socio laborales puedan generar motivaciones especiales para readecuar leyes y normas, tal actitud serviría también para equilibrar sin ningún problema las relaciones entre gobernantes y gobernados, quizás dando la pauta precisa para que se haga realidad aquello de “gobernar escuchando al pueblo”.
Fuente: LA PATRIA
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