Aunque en algunos municipios del país se habla ya con propiedad sobre la vigencia de los “gobiernos autónomos municipales” y se ajusta el trabajo de la administración de los mismos a ciertas normativas aprobadas en instancias superiores, resulta que en la mayoría de municipios eso de la autonomía todavía es parte de la gestión en marcha, por tanto la adecuación al uso de las normativas resulta un problema de actualización.
Para empezar a tratar el asunto hay que hacer memoria sobre la promulgación de la nueva CPE, luego la Ley 031, se menciona también un marco de autonomías y descentralización pero que sólo se cumple parcialmente cuando se trata de elaborar presupuestos, reformularlos, y establecer otras condiciones afines a las disposiciones que emanan los municipios.
No hay que desconocer que pese a la vigencia de las muy promocionadas “normativas de gobiernos municipales autónomos”, siguen teniendo injerencia directa en el manejo administrativo de los municipios, los ministerios de Economía y Finanzas y de Planificación del Desarrollo que tienen potestad directa a través de “leyes financiales” para aprobar o rechazar, plantear las reformulaciones necesarias en los presupuestos anuales de los gobiernos municipales, creando al margen de ejercer cierto y necesario control, una especie de trabas a las decisiones de los responsables de cada comuna en su propio terreno y su jurisdicción.
Lo que se observa de manera práctica es que entre una y otra gestión los “técnicos financieros” de los ministerios elaboran una serie de modificaciones a la normativa vigente, procurando que las mismas sirvan para agilizar trámites en la elaboración y rectificaciones de presupuestos, sin causar problemas en el curso de la actividad propia del municipio; lo malo del asunto es que muchos funcionarios de área en las municipalidades no se dan el trabajo de actualizar sus conocimientos y los ministerios de socializar oportunamente esas reglas que deben ser asimiladas en tiempos precisos para evitar el trastorno que se produce, cuando además de los funcionarios concejales o ejecutivos no saben lo que hacen o lo que ya no deben hacer.
En el caso de nuestro municipio los hechos frecuentes que se producen entre acciones que dispone el Ejecutivo municipal y las trabajas que articula el Legislativo comunal, parece que son justamente el producto de la falta de actualización sobre las medidas que se implementan de manera continua en los portafolios de Estado y que dicho sea de paso, no se socializan con la diligencia que correspondería a los responsables de manejar las normativas.
Lo deseable es que se tomen los recaudos necesarios para que concejales y ejecutivos estén compenetrados de las normas en vigencia para el cumplimiento de las gestiones que tienen que ver, no sólo con aprobación o reformulación de presupuestos sino también con el registro de proyectos, la adquisición de bienes y servicios, la prioridad en el uso de recursos públicos para satisfacer la demanda de servicios comunitarios y otros detalles que son importantes para evitar gastos en proyectos de poco impacto social.
Un detalle que merece añadirse a las reflexiones mencionadas es que todos los responsables del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro trabajen con mayor esmero estudiando y aprobando su “carta institucional”, instrumento que debidamente reglamentado garantizará una mejor administración comunal.
Fuente: LA PATRIA
Para tus amigos:
¡Oferta!
Solicita tu membresía Premium y disfruta estos beneficios adicionales:
- Edición diaria disponible desde las 5:00 am.
- Periódico del día en PDF descargable.
- Fotografías en alta resolución.
- Acceso a ediciones pasadas digitales desde 2010.