En Bolivia rige la Ley de la Selva: ¡Sálvese quien pueda!

La sociedad boliviana se ha estructurado dolorosamente a través de una historia difícil y cruenta, signada por abundantes ejemplos de violación de la Ley. La institucionalidad en nuestro país nunca ha sido un hecho definitivamente constituido, habiendo sido marcada por una clara precariedad desde 1825, empezando por los soldados de baja graduación de la Guerra de la Independencia que se creyeron con todo el derecho de gobernar al nuevo país y continuando con civiles supuestamente letrados que se encargaron de abonar el terreno para la emergencia de asonadas y golpes de estado de todo tipo que impidieron la instauración estable de un régimen democrático dotado de instituciones sólidas y con el pueblo como sustento de todo poder.

El quebrantamiento de las normas parte desde el propio régimen gobernante mediante la violación de su propia Constitución (tan rechazada por amplios sectores de la población urbana), la judicialización de la política, la politización de la justicia, para incriminar e imputar a los dirigentes opositores al curso de desarrollo del país, fabricando pruebas de culpabilidad y materializando el desconocimiento llano del voto popular, al suspender a autoridades electas sin sentencia ejecutoriada.

Y lo peor radica en los movimientos sociales, los que, en calidad de turbas violentas y hambrientas de prebendas, son los más proclives a pasarse las normas por donde más les parezca ante la permisividad de su supuesto gobierno revolucionario. Así, los cocaleros amplían sus áreas de cultivo a costa de áreas protegidas, especialmente los del Chapare. Los cooperativistas mineros, que antes solamente se dedicaban al oro, avasallan concesiones para exploración y explotación y depredan el medio ambiente, como una suerte de hienas sedientas de carne, pagando miserables impuestos por la explotación de minerales que son propiedad de todo el pueblo boliviano.

Los comunarios (entiéndase campesinos del Occidente de Bolivia) también avasallan concesiones mineras, se dedican a apoyar el contrabando de mercancías y secuestran y asesinan a policías y civiles inocentes, además de bloquear carreteras, impidiendo el libre tránsito que está garantizado constitucionalmente. Son agresivos con los habitantes urbanos y los turistas extranjeros, destilando odio y racismo por todos los poros.

Para colmar el vaso, los policías, destinados legalmente a preservar el orden público y la seguridad de las personas, han incurrido en actos abiertos de sedición, sin que hayan sido sancionados como corresponde. Y los choferes, muy conocidos por haber sido sostén de sangrientas dictaduras militares, se permiten oponerse a cualquier proyecto de desarrollo de los centros urbanos mediante el bloqueo generalizado de vías públicas, agrediendo y afectando a la población en todas sus actividades.

El secuestro de personas, los bloqueos violentos y el asesinato puro y simple son hechos cotidianos que no merecen sanción de los órganos competentes. Y la propia población también violenta las normas al botar basura en cualquier parte y destruir el ornato público. Así, los desmanes son generalizados ante la vista y paciencia de las autoridades que solamente se ocupan de perseguir opositores y hacer usufructo del excedente económico sin ningún bien para el país.

En el actual contexto, los ciudadanos bolivianos honestos se ven obligados a vivir en medio de la barbarie, en un territorio donde se multiplican las arbitrariedades de todo tipo, desde las acciones delincuenciales individuales hasta la dictadura de las hordas resentidas mal llamadas movimientos sociales. Y el actual gobierno del MAS se muestra indiferente ante la abierta violación de la Ley cuando los actos vandálicos no le afectan sustancialmente, pero cuando se trata de dañar a los opositores políticos se aplica con toda rigurosidad la mano negra de los aparatos coercitivos del Estado. Ese es el cambio que nos han propuesto y aplicado totalitariamente.

(*) Politólogo