Lunes 16 de julio de 2012
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Con el objeto de evitar sobornos a funcionarios públicos el Gobierno exigirá en adelante una “boleta de garantía anticorrupción” a las empresas que acuerden todo tipo de contrato con el Estado y se supone que será en cualquier instancia de un convenio en el que estén en juego capitales mixtos, de privados y estatales.
Por supuesto que la medida causó reacciones de diversa índole especialmente en el sector de la oposición, en algunos casos inclusive con actitudes de broma frente a la medida que debería empezar en las empresas del propio Estado que son las más proclives a la corrupción.
La reacción oficial es una salida ante los últimos hechos de corrupción que se registraron en la estatal petrolera YPFB, la que tiene más casos de este tipo y en los que están involucradas muchas personas, inclusive altos ejecutivos, algunos con prisión preventiva en recintos carcelarios.
Un seguimiento a personeros de las filiales de empresas que tienen contratos con YPFB, permitió establecer el manejo anómalo de ciertas sumas de dinero, que se supone son parte de sobornos, se entiende con intereses especiales y nada lícitos, situación que arrancó una apreciación oficial de la segunda autoridad del país, cuando señaló que “el Ejecutivo jamás va a socapar ni va a encubrir ningún tipo de corrupción”, una solemne decisión que ojalá se cumpla.
Fuente: LA PATRIA
