Con el objeto de evitar sobornos a funcionarios públicos el Gobierno exigirá en adelante una “boleta de garantía anticorrupción” a las empresas que acuerden todo tipo de contrato con el Estado y se supone que será en cualquier instancia de un convenio en el que estén en juego capitales mixtos, de privados y estatales.
Por supuesto que la medida causó reacciones de diversa índole especialmente en el sector de la oposición, en algunos casos inclusive con actitudes de broma frente a la medida que debería empezar en las empresas del propio Estado que son las más proclives a la corrupción.
La reacción oficial es una salida ante los últimos hechos de corrupción que se registraron en la estatal petrolera YPFB, la que tiene más casos de este tipo y en los que están involucradas muchas personas, inclusive altos ejecutivos, algunos con prisión preventiva en recintos carcelarios.
Un seguimiento a personeros de las filiales de empresas que tienen contratos con YPFB, permitió establecer el manejo anómalo de ciertas sumas de dinero, que se supone son parte de sobornos, se entiende con intereses especiales y nada lícitos, situación que arrancó una apreciación oficial de la segunda autoridad del país, cuando señaló que “el Ejecutivo jamás va a socapar ni va a encubrir ningún tipo de corrupción”, una solemne decisión que ojalá se cumpla.
El detalle sobre estos tipos de corrupción es que además de instruirse una investigación a fondo de todos los casos que sean detectados, en el futuro se añadirá en las exigencias que deben cumplir las empresas adjudicatarias de obras o servicios, disponer una “boleta de garantía anticorrupción”, como una garantía - ojalá fuera así - para no incurrir en el delito de sobornos.
La idea ha sido lanzada, su implementación correrá a nivel del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y debería tener un alcance de orden general, pues ese grave problema de la corrupción es también parte de una arraigada costumbre que afecta al interior de las propias empresas del Estado, donde con alguna frecuencia se detectan “escándalos económicos” que involucran a funcionarios del oficialismo, pero que se dan modos para eludir las sanciones que en otros casos se aplican con todo su peso.
Las opiniones sobre este tema son contradictorias, pues mientras en el nivel oficial se pondera la exigencia que se hará a empresas que tengan relaciones con el Estado, en el otro lado, oposición y observadores esperan que tal medida comience su aplicación práctica en los niveles de la estructura estatal donde debería funcionar con todo rigor la garantía anticorrupción, precisamente en defensa de la economía nacional.
La corrupción no sólo tiene fuentes de tentación en la maquinaria centralizada del aparato gubernativo sino también en las administraciones departamentales donde con cierta frecuencia se producen hechos que perjudican el desarrollo regional por el mal uso de recursos públicos que difícilmente son recuperados
Se espera que la medida realmente cumpla su objetivo de reforzar todos los mecanismos de transparencia no sólo en la contratación de firmas, sino también en el cumplimiento de los convenios contraídos, de modo tal que no puedan eludirse plazos y condiciones óptimas en el cumplimiento de los proyectos aprobados. Sólo así servirá la “boleta de garantía anticorrupción”.
Fuente: LA PATRIA
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