La defensa “intangible” de los derechos indígenas

La difícil defensa de la considerada “Casa Grande” de los indígenas de las tierras altas que cubre una extensa zona del Territorio Indígena y Parque Natural Isiboro Sécure (Tipnis) de pronto se convierte en una acción “intangible”, no por la intangibilidad dispuesta por la Ley 180 promulgada por el Gobierno sino más bien por el accionar del Poder Ejecutivo que pretende dejar en etéreo el derecho de los pueblos Moxeño, Yuracaré y Chimán que luchan por el respeto a su tierra, territorio y por sus usos y costumbres.

Sin duda, ese hecho genera un conflicto de intereses que plantea una pronta atención para que no quede en el discurso la pregonada política de Gobierno cuando el propio Presidente Evo Morales, se refiere a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas como la principal tarea de su administración, cuando se reclama asimismo como indígena, relatando historias de su difícil niñez debido a la ausencia de atención de las autoridades neoliberales y de protección a los derechos de su comunidad.

La actual coyuntura pone nuevamente al descubierto la defensa de la auténtica libertad de las comunidades indígenas originarias campesinas y su derecho a decidir sobre su tierra y territorio, como reconoce el artículo 388 de la Constitución Política del Estado, cuestionando el respeto a la libertad que otorga cualquier autoridad social o de gobierno, más aún si se trata de un gobierno ejercido por una mayoría que pretende subordinar el derecho de una minoría de gobernados, como ocurre ahora con los indígenas de la región del Tipnis que están en la capital política del país, demandando atención urgente del presidente indígena.

Esa postura que asume el Poder Ejecutivo de no respetar la decisión de las comunidades indígenas al pretender construir una carretera por medio del territorio indígena y el parque Tipnis, en los hechos resulta ser una agresión directa a los dueños de ese territorio y de esas tierras, con los consiguientes daños al ecosistema y al bosque del parque nacional, declarado reserva natural por su variada y valiosa diversidad, con especies de flora y fauna únicas en el mundo, que conlleva además un alto costo social, político y económico, poniendo en serio riesgo la vida de los indígenas que son maltratados por organismos de seguridad del Estado.

Pensar como indígena entonces no resulta ser lo mismo que gobernar como indígena, porque pretender demostrar que nuestro Presidente del Estado Plurinacional es indígena resulta ser también algo “intangible”, puesto que todos los bolivianos sabemos que es mestizo y que en el libre juego de las determinaciones políticas-partidarias asume el rol indigenista, pero actuando y viviendo al más puro estilo neoliberal, porque fomenta la mayor economía de libre mercado en el Valle Alto de Cochabamba, no defiende los derechos indígenas y tampoco da cumplimiento ni hace respetar lo establecido en la Constitución Política del Estado referente a las áreas protegidas como señala el artículo 385 en sus dos parágrafos.

Tomando en cuenta lo que determina y manda nuestra Carta Magna en lo referente al “área protegida” y la reserva del “parque nacional”, no se puede ignorar que hay 34 pueblos indígenas que rechazan la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, comunidades originarias del parque Isiboro Sécure que realizaron nueve marchas, desde su reserva, hasta la Sede Gobierno reeditando cada vez la histórica marcha realizada el año 1990, hace 22 años cuando su movilización llegó a La Paz afrontando el clima adverso, el mal trato policial y otros contratiempos, para inscribir sus derechos en la Constitución Política del Estado Plurinacional, ahora conculcados.

Por estos antecedentes y tomando en cuenta que la Ley 222 de Consulta “no concertada” se antepone a la Ley 180, habrá que buscar un acuerdo de consenso puesto que la norma constitucional determina en el artículo 385, que “donde exista sobreposición de áreas protegidas y territorios indígena originario campesino, la gestión compartida se realizará con sujeción a las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, respetando el objeto de creación de estas áreas”. Eso sólo podrá darse con el cambio de actitud en las autoridades de Gobierno, manteniendo coherencia entre el discurso y la defensa de los derechos de los pueblos originarios, respetando la ideología que propagan para reconocer sus derechos a los pueblos originarios. Ojalá el dialogo tantas veces manifiesto este siempre presente y se otorgue el respeto para no destruir una reserva natural que goza de protección del Estado y es propiedad de los indígenas bolivianos.

(*) Periodista