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Domingo 08 de julio de 2012

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Cultural El Duende

La suprema disputa. Olañeta vs Torrico de Augusto Jordán Quiroga

08 jul 2012

Fuente: LA PATRIA

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En 1858, durante el gobierno del dictador José María Linares se dictó un cuerpo normativo llamado: Lei de Enjuiciamiento Criminal. Su elaboración fue encomendada a una comisión de juristas bolivianos que, por la dinámica actividad política, se vio privada de la participación de muchos de sus comisionados; de ahí que el autor principal y defensor a ultranza de esta hechura, fuera el doctor Casimiro Olañeta. Este hombre tan controvertido en la historia nacional tomó como base de inspiración la legislación francesa, empero, realizó cambios atrevidos, mutiló sus instituciones y las aplicó a nuestra sociedad que restaba en mucho de aquella. A decir de uno de sus críticos volteó la legislación francesa como si fuera un escarpín, cortándole talón y punta, inutilizándola, o de tal suerte que quedaron solo hilachas. La acción legisladora de Olañeta, no exenta de irresponsabilidad histórica y megalomanía, ocasionó, durante veinte largos años, grandes y graves males e injusticias y un sin fin de angustiosas lágrimas.

A los pocos meses de dictada la norma y en vista de las protestas inmediatas, de manera casi espontánea surgieron críticas, observaciones y finalmente un debate público en el que se ensartaron grandes jurisconsultos de la época y muy particularmente miembros de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos el mismo Olañeta que fungía como presidente de ella y un Ministro, hombre destacado en la vida nacional, el cochabambino Andrés María Torrico. Esa polémica se transformó en una especie de cruzada nacional en contra de una ley arbitraria, absurda.

En el siglo XX, Bolivia se enfrenta a situaciones similares, simplemente recuérdese las reacciones ciudadanas de diferentes círculos políticos, intelectuales y gente progresista contra cuerpos normativos impuestos impunemente desde el exterior. Tal es el caso del Código de Petróleo, concebido y elaborado por el bufete norteamericano Shuster & Davenport, contratado por la Gulf Oil Co. y promulgado por el gobierno de Paz Estensoro, el 26 de octubre de 1955. La aplicación de tal código constituye la historia del saqueo del petróleo boliviano, su derogatoria se convirtió en deber nacional que derivó a la postre en la nacionalización de la empresa estadounidense, durante el gobierno del Gral. Alfredo Ovando Candía.

Treinta y tres años después de la nacionalización del petróleo, el 19 de julio de 1988, en otra gestión del nuevamente presidente Paz Estensoro, se impuso la llamada Ley 1008, elaborada por la Drug Enforcement Administration (DEA) estadounidense, conglomerado jurídico referido al “Régimen de la Coca y Substancias Controladas”, con el fin de luchar contra el nefando crimen del narcotráfico. No obstante lo plausible y necesario de este concierto jurídico, se incluyó disposiciones violatorias a principios universales de derecho, como la presunción de la inocencia, el derecho a la defensa y otros valores inherentes a los derechos humanos y el debido proceso.

En los inicios del siglo XXI, la denominada Asamblea Constituyente boliviana impuso un proyecto de Constitución Política del Estado, elaborada por Organizaciones No Gubernamentales

(ONG) y directrices emanadas de Estados afines al partido gobernante, siendo aprobada en un cuartel militar mediante actos abusivos y violentos de por medio. Esa norma fundamental, contraría la democracia y el estado de derecho, pone en serio riesgo la institucionalidad y la pervivencia de Bolivia como Estado unitario y su forma de gobierno republicana, establece el mito geograficista de sometimiento a la “Madre Tierra”, a quien la instituye como sujeto de derecho; predica el colectivismo racial y la justicia comunitaria, cuyos resultados inmediatos de retorno a la pre-civilización y la Ley del Talión ya son moneda corriente, con la consecuente secuela de violencia y muerte previsibles.

Es imperativo recordar el viejo adagio que impele a tener presentes los hechos pretéritos bajo la lamentable condena de repetir los errores y las frustraciones del ayer.

Un libro de reconstrucción crítica

Carlos Ramos Núñez, miembro de la Academia Peruana de Derecho, manifiesta que Jordán Quiroga, reconocido romanista a historiador del Derecho, ofrece una impecable reconstrucción crítica de la codificación penal y procesal penal en la Bolivia decimonónica. Subraya con lucidez la naturaleza exótica de ese proceso, ya en el contenido de las instituciones como en el mismo procedimiento legislativo.

De su parte, el investigador Sócrates Villa Otero Paz (Gandía), afirma que Jordán Quiroga demuestra una vez más que la historia merece ser bien contada, con un elegante estilo y al modo de la gran novela de misterio.

Fuente: LA PATRIA
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