¿Para cuándo la ley minera?

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Todos los tropezones y zancadillas que hacen lento el avance de nuestra minería son el producto de sanear el camino para su desarrollo, disponiendo de manera urgente las medidas que regulen los derechos y obligaciones de todos los protagonistas de ésta actividad, sean los inversionistas privados, los operadores del sector estatal o los cooperativistas, de modo tal que entre todos puedan definirse estrategias para impulsar real y efectivamente nuestra minería.

Hace falta la ley en cuestión para penalizar los avasallamientos, el secuestro de profesionales mineros, ataques a trabajadores y sus familias, la apropiación de maquinaría y herramientas, de minerales y hasta el despojo de viviendas y enseres de trabajadores, hay que garantizar, asegurar y facilitar todos los proyectos que atañen a la minería y también al sector de los hidrocarburos, que por otro lado confronta problemas con la resistencia de comunarios originarios.

YPFB organizó un evento para tratar exclusivamente el tema de la exploración de yacimientos y la intervención de comunarios que reclaman su derecho a la “consulta previa”, conviniendo en que el Gobierno debería disponer medidas muy concretas para garantizar las tareas exploratorias que permiten establecer la potencialidad de los reservorios de petróleo o de minerales, asegurando además que las inversiones que sean estimadas para el desarrollo de nuevos proyectos sean debidamente aseguradas y respaldadas por medidas legales y adecuadas a las condiciones que exigen los prospectos de extracción de los recursos naturales y su correspondiente transformación e industrialización.

Un alto exfuncionario de Estado, ampliando criterios sobre el delicado tema de la explotación de las reservas minerales y petroleras del país, afirmó que “tanto el sector petrolero como el minero requieren de grandes inversiones en materia de exploración, ya que sin ellas no hay futuro para la certificación de reservas hidrocarburíferas y mineras y su consiguiente explotación a escala industrial”.

Es absolutamente razonable lo expuesto por Walker San Miguel, cuando además recomienda que “es impostergable la consideración de una ley minera en la que el Estado Plurinacional fije las reglas para el futuro de este importante sector, penalice los avasallamientos, defina los derechos y obligaciones de los operadores privados y fije la porción estatal de la renta minera”. Una buena opción que debería ser tomada en cuenta para evitar el colapso de la minería.

Fuente: LA PATRIA