Jueves 05 de julio de 2012
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La destitución del expresidente paraguayo, Fernando Lugo, ha acaparado la atención general. Y, entre los países americanos, las reacciones no fueron coincidentes, aunque predominó, sobre la razón, la afinidad ideológica, especialmente en los socios de la ALBA, para condenar la destitución de Lugo, pues se insistió en que hubo un golpe de Estado, perpetrado por el Congreso paraguayo.
Otros sostuvieron que la condena a Fernando Lugo se sujetó a lo dispuesto por la constitución de ese país y, aunque afirmaron que no se trató de un golpe de Estado, sí observaron que no se garantizó el debido proceso, ya que hubo excesiva premura en dictar el fallo condenatorio.
En este caso no sólo se oponen dos visiones con argumentos jurídicos y políticos contrapuestos. Se advierte que las diferencias ideológicas entre los gobiernos fueron decisivas, sobre cualquier otra consideración, para la toma de posiciones, como lo fue en el caso de Zelaya, en Honduras. Por ello, no hubo ninguna sorpresa de que las protestas más estridentes provinieran de los gobiernos de los países integrantes de la ALBA. En efecto, éstos exigieron las más duras sanciones: que Paraguay sea expulsado de la OEA y de Unasur.
