La minería, aún por mucho tiempo, será la principal actividad productiva del país y como medio de vida y seguridad para miles de familias que, no obstante los desastres causados por la nacionalización efectuada el año 1952, ha persistido sea en forma de explotación directa por parte de Comibol o mediante arrendamiento a la minería mediana o la formación de cooperativas; se han cerrado muchas cuya producción era mínima y hasta con cuadros totalmente agotados. Los precios internacionales de los minerales han tenido influencia decisiva para que la minería se debilite y su producción sea cada vez más baja.
En los últimos años –tiempo de bonanza para los hidrocarburos, minerales y materias primas exportables– la economía se vio fortalecida por los ingresos extraordinarios que significaron para los países y muy especialmente para los productores pobres y subdesarrollados; pero, lamentablemente en nuestro país no se aprovechó esa situación coyuntural en que había que triplicar la producción y lograr mayores beneficios; al contrario, ha sido tiempo del cierre forzoso de muchos yacimientos mineralógicos, del asalto a la propiedad privada por parte de quienes tuvieron vocación de adueñarse de lo ajeno.
Lo más grave es que durante los últimos seis años, el asalto y apropiación de minas ha sido más que corriente y muchos propietarios se han visto obligados a abandonar las concesiones que tenían y ver que los mineros interesados exploten por su cuenta los yacimientos, lamentándose, en todo caso, que se perdió mucho de la dirección técnica, la planificación necesaria, el estudio y trabajo en nuevos cuadros para cuantificar la cantidad de mineral existente y, además, sin tomarse en cuenta elementos de juicio que podían ayudar a mejorar la calidad y cantidad de la producción.
Las incertidumbres creadas con la apropiación de minas ha tenido el factor multiplicador de que ninguna de las partes quedó tranquila porque los unos, los propietarios, por reclamos que formulen, no han encontrado eco en las autoridades para la devolución de las propiedades y tampoco los mineros se mostraron dispuestos a devolver lo que consideraron era de su propiedad; por otra parte, los nuevos “dueños” tampoco han tenido tranquilidad para la explotación porque trabajaron con el temor de que en algún momento pueda caer sobre ellos el peso de las leyes, conforme debía ser por la apropiación indebida. Ambos factores fueron decisivos para que el trabajo no sea debidamente planificado, disminuya la producción, las expectativas de mejoras salariales sean mínimas hasta tener “cuadros ciertos de la situación legal de las propiedades afectadas”.
El Gobierno, pese a todos los trámites y reclamos, tampoco pudo o no quiso cumplir su parte de obligar a la devolución de lo afectado y se ha creado un ambiente de permanente desconfianza que se convirtió en semillero para que en cualquier momento surjan conflictos sea con parte del cooperativismo o con los mineros que consiguieron apropiarse de lo ajeno. En cualquier caso, son las autoridades de Gobierno las que tendrían que poner freno a este tipo de abusos y los mineros, por su propia seguridad y tranquilidad, detectar nuevas posibles áreas de minerales, realizar los trámites legales y formar empresas pequeñas que exploten nuevos yacimientos que el mercado, siempre necesitado, seguramente absorberá la producción.
Para tus amigos:
¡Oferta!
Solicita tu membresía Premium y disfruta estos beneficios adicionales:
- Edición diaria disponible desde las 5:00 am.
- Periódico del día en PDF descargable.
- Fotografías en alta resolución.
- Acceso a ediciones pasadas digitales desde 2010.