Urgencia de una política minero-metalúrgica

La realidad nacional demanda con urgencia la puesta en marcha de una política minero-metalúrgica para desarrollar las actividades productivas en el país, como única forma de evitar los avasallamientos, el secuestro de técnicos y hasta la toma de yacimientos mineros, resultado de la falta de empleo para muchos bolivianos.

Los anuncios del Poder Ejecutivo respecto al descubrimiento de nuevos yacimientos potenciales muy ricos en reservas mineralógicas, son sólo anuncios, mientras los niveles de producción se mantienen estáticos en Bolivia y gracias al alza del precio de las cotizaciones de los minerales se generan más ingresos, sin incrementar la producción.

Los proyectos mineros quedan en ofrecimientos, muchos no se concretan y contrariamente a las recomendaciones técnicas y demanda real de personal para la explotación de yacimientos estatales se incrementa el número de trabajadores por una decisión política más no técnica, que nunca suplirá a una adecuada, planificada y además útil política para el desarrollo productivo de la minería y la metalurgia en nuestro país.

Si se pone en marcha una política minero-metalúrgica, con seguridad resultarían ser las más beneficiadas las comunidades donde se genera el hecho económico, puesto que hay una ley para otorgar un importante porcentaje a las zonas productoras de los ingresos provenientes del pago de las regalías mineras, que deben estar destinados a mejorar la calidad de vida de la población y generar riqueza para la región.

Las demandas de los trabajadores mineros asalariados, cooperativistas, mineros medianos y mineros chicos no son nuevas y todas coinciden en la urgencia de habilitar nuevos yacimientos, eso supone ingresar a la fase de cuantificación de nuestras reservas mineralógicas, que existen en importante número y con gran potencialidad, quedando por realizar la positivación de las mismas para determinar qué tipo de explotación debe darse y que inversión realizar para preparar los yacimientos que deben explotarse.

Si la política minera del país es solamente de “aprovechamiento de los yacimientos existentes” estamos perdiendo la herencia que se tiene de las grandes empresas mineras que durante muchos años fueron sostén de la economía boliviana al extremo de ser un país monoproductor, lo que demuestra que no hay un cambio en la política de desarrollo productivo de la actual administración de gobierno, que considera la “nacionalización” o “estatización” de las propias empresas del Estado, como ocurrió con Colquiri que es estatal y estaba en arrendamiento, para satisfacer demandas de los cooperativistas mineros.

Mucho tiempo atrás similar situación ocurrió con mina Huanuni, donde de 1.200 trabajadores se incrementó la planilla a 5.000 mineros, que ahora luchan por su subsistencia puesto que los proyectos que deberían servir para aumentar la producción tienen demora y hasta ahora no se completa la instalación del nuevo ingenio.

Habrá que determinar qué política conviene a nuestro país, si la partidaria que trata de justificar la solución temporaria de los problemas sociales o la de planificación y adecuado desarrollo productivo, para así evitar el secuestro de técnicos como ocurre en la mina Mallku Khota que es una muestra clara de los errores que se cometen para ahuyentar la inversión privada y además pone en riesgo la propia explotación minera.

Los dirigentes de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia en una actitud sensata han expresado preocupación por estos hechos y reiteran que “sin inversión privada no hay minería en el país”, lo que demuestra que las actitudes demagógicas y políticas no caben en el desarrollo y crecimiento económico, ni podrán suplir a la ausencia de planificación, proyección y decisión de construir una minería fuerte y económicamente rentable.

Ojalá la aprobación del nuevo código minero permita superar este clima de incertidumbre, otorgue seguridad jurídica a los inversionistas nacionales y extranjeros y además genere importantes inversiones que buena falta le hacen al país, para considerarse minero, frente al desarrollo de la inversión alcanzada por nuestros vecinos.

La decisión es de las autoridades para garantizar en el futuro una estabilidad social, económica y política en base a la riqueza que genere la minería para atender las demandas laborales con la diversificación de la producción y el desarrollo industrial, económico y productivo de Bolivia.

(*) Periodista