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La dependencia política de la fiscalía y la justicia ante el Gobierno es lo que genera una indefensión ciudadana, en este momento las personas no tienen la posibilidad de encontrar justicia en el país por el grado de politización y subordinación política de jueces y fiscales hacia el órgano gubernamental, manifestó el ex Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín.
Este criterio fue vertido por Albarracín al momento de referirse a la falta de justicia que existe para encontrar a los responsables de la represión policial en contra de los indígenas de la VIII marcha del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) ocurrida el 25 de septiembre de la pasada gestión en la localidad de Chaparina.
Albarracín quien estuvo en Oruro como docente del Programa de Formación de Líderes para la Transformación realizado por la Fundación Idea, indicó que el Gobierno tomó diferentes mecanismos para que los autores de los abusos a indígenas queden impunes, esto se consiguió fácilmente porque el Ministerio Público está subordinado al órgano ejecutivo.
Por otro lado señaló que la IX marcha que encararon los indígenas del Tipnis tiene el único objetivo de pedir respeto a los derechos consagrados en la constitución y las normas internacionales sobre el derecho a la consulta que debió ser diseñada de forma transparente, bien informada y concertada con los sectores en desacuerdo, no como intenta hacer el Gobierno al concertar con los grupos que están de acuerdo con el proyecto.
“Parecería que el Gobierno no toma en cuenta la dimensión de una marcha donde incluso existen personas fallecidas y un niño, este hecho debería sensibilizar al Gobierno y seguir el espíritu de justicia” sostuvo.
Lamentó que el Órgano Ejecutivo juzgue a todas las personas que reclaman por sus derechos humanos como políticos, incluso a las organizaciones que defienden los derechos humanos, es cierto que todo acto tiene una connotación política si tiene que ver con el interés colectivo; pero lo importante es que no militamos en ninguna organización partidaria, no nos interesa debilitar al Gobierno, manifestó.
Asimismo aseveró que los derechos de algunos dirigentes del Tipnis como de Bertha Bejarano se ven vulnerados, cuando el Gobierno la vetó por tener antecedentes de narcotráfico, sin tomar en cuenta que la sentencia del Tribunal de Justicia de Brasil la puso en libertad por su grado de indigencia, porque un narcotraficante es sinónimo de millonario; mientras el Gobierno la defenestra.
Además la Constitución Política del Estado establece que los derechos de una persona se rehabilitan al día siguiente de haber cumplido su condena, porque si la justicia brasileña le exonera, el Gobierno boliviano no, agregó.
Fuente: LA PATRIA