El sistema centralista sigue siendo el modelo de administración que se desarrolla en la mayoría de las gobernaciones, donde todavía no se han aprobado los instrumentos que definan la tan ansiada autonomía que permitirá por voluntad propia adoptar las estrategias de desarrollo y el correcto uso de los recursos naturales y su diversificación en función de proyectos concretos que estén pendientes de la buena “voluntad política” del Poder Ejecutivo.
Es ya bastante el tiempo que se demora en conciliar criterios en torno al estatuto autonómico, debido a que los responsables de esa importante tarea no logran reunir, coaligar si vale el término, criterios coincidentes que sean el producto de un abierto intercambio de ideas y un debate en el marco del respeto, reconociendo los valores institucionales que hacen posible la vigencia de organismos representativos de todos los sectores comunitarios.
Lo que se sabe y desde hace tiempo es que se han hecho erogaciones de ciertos fondos para “construir el estatuto autonómico”, aunque por prevalencia se entiende que primero corresponde la redacción del instrumento normativo en sí, para trabajar luego en su reglamentación. Aquí no pasó nada.
Mientras sigamos con esa visión de autonomía, pero con una profunda miopía de sus responsables, es lógico que este asunto seguirá casi congelado en tanto se logre cambiar el lente con que se mira el asunto y mejor si se busca una instancia más práctica para alcanzar el objetivo de establecer la autonomía departamental para crecer sin trabas y sin presiones o limitaciones centralistas.
Una muestra de que la Asamblea Departamental no puede cumplir sus tareas de fiscalización, está en el hecho de que la mayoría de las entidades que utilizan fondos públicos para el desarrollo de proyectos, siguen fiscalizadas desde el poder central, por tanto con directa injerencia política que evita un adecuado control por parte de la Asamblea Departamental que finalmente como lo mencionó algún asambleísta, “sólo sirve de florero, un adorno” que por lo visto para el Gobernador no tiene mucho sentido.
Los asambleístas han expresado su molestia y preocupación sobre este problema, pues irregularidades que deben ser investigadas por diferentes motivos, como casos en el INRA, la Administración Boliviana de Carreteras (ABC), el caso del Sedcam o lo que ocurre en el Fondo de Inversión Productiva y hasta algunos inconvenientes en los programas que financia de manera directa el Primer Mandatario, simplemente quedan en el trámite inicial y no prosperan porque la acción centralista sigue siendo el factor regulador.
Es necesario que los asambleístas, los parlamentarios, pero además los dirigentes cívicos, empresariales, laborales de entidades de servicio y de todo el departamento asuman la responsabilidad de trabajar seriamente en la estructuración del documento autonómico departamental y en su respectivo reglamento para que de una vez decidamos lo que mejor le conviene a Oruro.
Hay una irreparable pérdida de tiempo, ojala no de los fondos asignados al trabajo de establecer nuestro régimen autonómico, hay que crear conciencia sobre la importancia de la descentralización, identificando cuanto antes a los responsables de esa tarea que como va las cosas está muy atrasada. Que alguien explique lo que realmente interfiere ese trabajo.
Fuente: LA PATRIA
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