Viernes 29 de junio de 2012
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“…el juicio político es una conquista de las democracias modernas cuya finalidad es hacer efectivo el principio de responsabilidad de los servidores o funcionarios públicos” (Víctor Pavón).
El 28 de junio de 2009, el Congreso hondureño destituyó al presidente Manuel Zelaya, porque había promovido una consulta popular para reformar la Constitución que le hubiese permitido su reelección, pese a que la ley se lo impedía.
Los miembros de la ALBA, a la que se había afiliado el gobierno de Zelaya, propiciaron una ofensiva diplomática contra el nuevo régimen, al que se le impuso sanciones: suspensión de los programas de cooperación, expulsión de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y ruptura colectiva de relaciones diplomáticas, mientras Zelaya, demandaba con estridente insistencia que se le restituyera en el cargo.
El gobierno interino hondureño resistió las presiones; presidió elecciones ya programadas y fue electo, por amplia mayoría, un nuevo presidente. Ahora, por supuesto con dificultades y debilidades, Honduras goza de un proceso democrático estable, libre de las distorsiones del chavismo que inspiraba a Zelaya.
