Lo que está sucediendo con varios rubros de producción nacional se convierte en un problema que debería preocupar seriamente a las autoridades superiores que están obligadas a velar por la vigencia, la supervivencia y el sostenimiento de los sectores productivos nacionales que representan miles de empleos con un alto factor multiplicador en servicios afines para miles de familias bolivianas.
Lo ocurrido con una textilera boliviana considerada la más grande del país y que por falta de mercados externos para su producción se ve obligada a cerrar sus operaciones, es en parte consecuencia de la falta de políticas comerciales internacionales por el equipo responsable de área en el Gobierno, que pese a muchas ofertas de países amigos y vecinos no alcanzaron a concretar acuerdos que permitan vender la excelente producción nacional de una sola textilera, la cerrada Ametex.
Ese resulta ser el ejemplo más claro de las restricciones de mercado, pero de manera especial la eliminación del Atpdea, ese acuerdo por el que EE.UU. adquiría todo el volumen de la producción nacional con la ventaja arancelaria que facilitaba económicamente a los productores y que una vez cortada (2008) no ha podido ser reemplazada por parte de los países vecinos, ni siquiera por los amigos como Venezuela o Cuba, que apenas compraron mínimas cantidades de los textiles bolivianos, los de Ametex y los producidos además por las Pequeñas y Medianas Empresas, muchas de éstas últimas que han tenido que reducir su trabajo al mínimo o simplemente cerrarse.
En otros casos se ponen en riesgo otros miles de empleos, cuando se aplican medidas “políticas”, como las que nacionalizan empresas mineras generando una lógica incertidumbre en el sector minero privado que necesariamente deberá disminuir sus operaciones, con reducción de personal y por lógica consecuencia con menores volúmenes productivos, pero lo más grave con muchas dudas por parte de empresarios que pensarán seriamente antes de invertir en Bolivia, sabiendo de la ausencia de seguridad jurídica que pueda garantizar aporte de capitales y tecnología.
En el otro frente, seguirá campeando el lucrativo negocio de vender “ropa a medio uso” que sigue ingresando al país pese a existir una prohibición para ese comercio considerado ilegal, pero que al mismo tiempo mantiene tranquilos a miles de comerciantes que ganan el sustento diario con ese comercio, aunque se cierren las factorías grandes y pequeñas legalmente establecidas.
En el caso de la minería se presenta un factor parecido pues el Estado a través de la Comibol, como ya sucedió con Huanuni y ahora con Colquiri, insumirá centenares de cooperativistas que se convertirán en asalariados bajo la alternativa de aumentar los índices de producción y supuestamente las utilidades para el Erario y para la Comibol, en tanto continuarán en otros yacimientos y parajes los cooperativistas que operan como “cuentapropistas”, no tienen obligaciones tributarias y trabajan casi de manera general con el respaldo de su propia experiencia, por tanto sin proyección segura que vislumbre por ejemplo fuentes de empleo para asalariados.
Sólo dos ejemplos de lo que ocurre en nuestro país, con claras restricciones al sistema productivo privado, con creación de empresas estatales que entrarán recién en fase de operaciones, pero deberán invertir recursos del Estado para sostener planillas sociales, en tanto su readecuación les permita nivelar costos de producción, aunque el tema de los mercados externos seguirá siendo el mayor obstáculo al rendimiento productivo nacional. Una situación que merece atención particularizada en el Gobierno central.
Fuente: LA PATRIA
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