Gobierno perdió autoridad

En las últimas semanas fueron críticas para el gobierno que preside Evo morales, con serie de movimientos sociales que incursionaron sobre la ciudad de La Paz y el enfrentamiento belicoso entre cooperativistas mineros y trabajadores de la empresa Colquiri, pugnando por la tenencia total de las vetas mineralógicas de enorme importancia, como hace varios años ocurrió en Huanuni con más de 20 muertos y decenas de heridos.

Aquellos movimientos sociales comenzaron con la marcha de comunarios de ayllus de Mallku Khota, ubicados en el departamento de Potosí, quienes piden que la empresa minera filial canadiense encargada de realizar labores de exploración de varios minerales, entre ellos plata, estaño e indio, bajo acuerdo con el Gobierno, abandone la zona.

En la sede de gobierno, los comunarios hicieron destrozos y golpearon con saña y salvajemente a cuatro policías que custodiaban puertas de la Vicepresidencia. A ese drama se sumaron mineros para copar calles céntricas de La Paz, haciendo detonar dinamita con mucho riesgo para la ciudadanía. Estos actos fueron vergüenza para el país porque se notó la ausencia de autoridades y fuerzas del orden para controlar aquel clima de violencia al perder control de la crítica situación.

Dos días después los enfrentamientos se trasladaron a Colquiri cuando cooperativistas tomaron la mina, mientras que trabajadores de la Empresa Sinchi Wayra, arrendataria de Comibol, bajo el sistema de riesgo compartido, reaccionaron para recuperar sus fuentes de trabajo con saldo negativo de 22 heridos y destrozo de viviendas, estando ausentes las autoridades, aunque tibiamente reaccionaron para enviar grupos de policías y militares para lograr la calma.

Después de varios días de diálogo Gobierno y trabajadores con intervención de la COB, firmaron un acuerdo: los cooperativistas tendrá opción a la explotación de la veta más rica; trabajadores de Colquiri lograron que el Ejecutivo disponga la reversión del contrato con Sinchi Wayra –no nacionalización- permitiendo que los mineros dependan directamente de Comibol.

Aquel problema fue resuelto, pero surge la intransigencia de cocaleros de los yungas de Vandiola, en el departamento de Cochabamba, para bloquear caminos y huelgas de hambre exigiendo se les permita la siembra de coca en el área protegida en el Parque Carrasco, donde fueron encontrados varios laboratorios que procesan cocaína con tecnología colombiana. Se suma otro conflicto de avasallamiento de tierras de la zona de Tiquipaya, cuyos comunarios pretenden apoderarse de 47 hectáreas pertenecientes a una empresa privada, pese a que el Presidente Morales, con reiteración afirma que su gobierno respeta la iniciativa y propiedad privada; pero, ese “slogan” está lejos de cumplirse.

La semana culminó con sucesos dramáticos y peligrosos con la rebelión de policías de baja graduación pidiendo mejor trato salarial, jubilación con el 100% de su sueldo y otros puntos, respaldando a sus esposas que tomaron la iniciativa varios días antes, para declararse en huelga de hambre y cercar recintos policiales, mientras las principales autoridades de gobierno prefirieron viajar el exterior, visitar Tiahuanaco o estar ausentes de la realidad que estaba en puertas y dejar que la bola de nieve crezca hasta llegar al paroxismo ocurrido los días jueves y viernes pasados, con la toma de recinto policiales en todo el país, romper mobiliario, quemar archivos y computadoras, incluso al guarnición cruceña concentrarse en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz.

La responsabilidad de este desborde o también llamado motín, es consecuencia del Gobierno que no tuvo tino para escuchar, oportunamente, las demandas, porque autoridades superiores con aires de suficiencia afirmaban que sólo eran 20 policías; además, estar ausentes del conocimiento de relaciones humanas, método que es capaz de dirimir los problemas en forma rápida y oportuna.

(*) Periodista