Policías “subordinados” ante un Estado discriminador

La actitud autoritaria que asume el Estado Plurinacional frente a las demandas de los policías de baja graduación deja entrever a las claras que se trata de un acto de discriminación, porque se quiere someter a los dictados del actual Gobierno a los servidores del orden que reclaman justicia social y piden una nivelación salarial justa, desde todo punto de vista razonable, menos para la administración gubernamental.

La decidida participación de las esposas de los policías rasos resulta ser el fin de una serie de reclamos y protestas que suman cuando los uniformados del verde olivo enfrentaron al gobierno de Hugo Banzer el año 2000 y luego realizaron otra acción similar contra la administración del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en el 2003 y el actual Estado Plurinacional, lo que registra una larga lucha de supervivencia durante 12 años.

Eso supone que los servidores del orden, como se conoce a los policías, deben gozar de las mismas prerrogativas de los funcionarios públicos, aunque cumplen tareas más sacrificadas, cumplen turnos y hasta su vida está en constante riesgo, sin conocer los descansos de fines de semana ni horarios de oficina para realizar su patrullaje o simplemente cumplir sus turnos establecidos en jornadas hasta de 24 horas continuas.

Señalar que deben tener los mismos derechos de los funcionarios públicos es pedir al Gobierno que “aplique el incremento salarial otorgado al sector público de hasta un 100 por ciento” como confirmó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, “para nivelar los ingresos de los trabajadores”. En Bolivia de acuerdo a la Ley contra el Racismo y Antidiscriminación no puede existir ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría, porque el Estado, con esa actitud paternalista que le caracteriza y le pone el tinte neoliberal –tan cuestionado por los jerarcas del Gobierno- tiene que otorgar trato igualitario a todos los bolivianos, sino constituye desacato y se vulnera la Carta Magna y los derechos ciudadanos.

Además el Estado debería velar y procurar siempre llegar con una nivelación salarial justa a todos los sectores y no discriminar tampoco a los trabajadores de las entidades estatales descentralizadas y desconcentradas, para quienes sólo se aplicará un incremento salarial del siete por ciento inversamente proporcional.

Si analizamos en contexto el aumento otorgado a los funcionarios públicos por la Administración del Estado Plurinacional, “quiere decir que de un salario que se tenía, mínimo en algunos ministerios, de Bs. 1.000 o Bs. 1.100, el mínimo ahora va a ser de Bs. 2.000 en el sector público, ¿por qué?, por la nivelación que estamos viendo que se está haciendo en todo el sector público”, como explicó el ministro Arce Catacora, cuando realizó el anuncio oficial del aumento salarial.

Si analizamos la situación económica de la Policía Boliviana, esta institución genera sus propios ingresos a través de la Dirección General de Recaudaciones, llegando a obtener un ingreso anual de 150 millones de bolivianos, de los cuales solamente 70 millones se disponen para cubrir el pago de salarios a los policías, recibiendo un soporte mínimo del cinco por ciento del Tesoro General de la Nación.

En función de esos ingresos provenientes del cobro de multas, la otorgación de las rosetas de inspección vehicular y otros ingresos por la venta de formularios para trámites demuestra que los dineros que genera la Policía en todo el país, más bien favorecen al Estado y no a los verde olivo quienes se ven obligados a asumir acciones de hecho como el amotinamiento para exigir que atiendan sus demandas sociales.

La posición última de los policías en todo el territorio del Estado Plurinacional demuestra el descontento de las bases, al extremo de rechazar el acuerdo de ocho puntos firmado la madrugada de ayer y que pretendió dar fiel cumplimiento el actual comandante interino de Policía, coronel Víctor Santos Maldonado, quien instruyó ayer domingo a los policías amotinados retornar a sus funciones de resguardo y protección de la ciudadanía tras la suscripción del convenio con el Gobierno.

La posición asumida por el jefe policial derivó ahora en el pedido de renuncia del comandante interino de quien afirman los policías no se puso la camiseta verde olivo y que más bien actúa de acuerdo a sus conveniencias políticas partidarias para “cumplir con las órdenes del Gobierno antes que precautelar la institucionalidad de la Policía Boliviana”. Mientras tanto el pedido de los policías, cabos, sargentos y suboficiales es invariable para lograr una nivelación salarial similar al sueldo que ganan en las Fuerzas Armadas, la abrogación de la Ley 101 del Régimen Disciplinario, la jubilación al 100 por ciento y el respeto a su institución, ingresando hoy al quinto día del motín policial que es calificado como un acto de intereses políticos conspirativos por los representantes del Poder Ejecutivo.

Ojalá vuelva la cordura a los administradores del Gobierno y se respeten los derechos de los policías para no utilizarlos solamente para brindar protección a la jerarquía del Estado, servicio que cumplen los uniformados incluso a ración de hambre, para hacer satisfacer los caprichos de nuestros gobernantes. Debe primar el diálogo para desterrar el fantasma del golpe de Estado cuando los humildes servidores del orden piden un salario para garantizar la manutención de sus familias y así poder vivir con dignidad.

(*) Periodista