La jurisdicción del Departamento de Oruro corre el peligro de alterarse con una lamentable pérdida de su territorio en la zona limítrofe con el norte potosino, donde comunarios y autoridades han estado incursionando en las propiedades agrícolas y mineras de los comunarios orureños, en la mayoría de los casos con violencia y hasta un saldo lamentable de heridos.
El asunto vuelve a la palestra pública a raíz de la convocatoria a una reunión “reservada” en la que debían participar ciertas autoridades de Salinas de Garci Mendoza (Oruro) y de Coroma (Potosí) con el primer mandatario del país, además se entiende con la concurrencia de gobernadores de ambos distritos.
No se habló de una agenda específica pero el trascendido de la invitación da a entender que se trata de una reunión muy especial en la que podría resolverse el problema, pero bajo condiciones perjudiciales para Oruro, que estaría obligado a ceder parte de su territorio ancestral, aunque naturalmente el asunto no confirma el tipo de solución que se busca en el nivel gubernamental para eliminar un problema que data de hace mucho tiempo y que merece realmente atención directa del Estado, pero en condiciones de respeto a los documentos existentes y de equidad jurídica reconocida por estudios anteriores, como los elaborados por el Instituto Geográfico Militar, IGM.
Es natural la reacción de dirigentes cívicos y autoridades comunitarias frente a una invitación “reservada” y hasta selectiva sólo con representantes de una de las comunidades afectadas con el litigio de los límites. Son varias autoridades que debieron ser notificadas para tratar el delicado problema, inclusive se extraña que tampoco se hubiera convocado a la instancia cívica, situación que pone en duda la seriedad y responsabilidad con que debería manejarse el tema de los límites entre Oruro y Potosí.
El Comité Cívico aclarando que su tarea no es de intromisión pero sí de permanente vigilancia sobre el curso de los trámites limítrofes, advirtió que cualquiera fuese el resultado de una reunión no se permitirá que Oruro pierda ni un solo centímetro de su territorio y que de existir cualquier problema, el único responsable será el gobernador del Departamento.
Como emergencia de ésta situación una vez más se insiste en la necesidad de considerar una solución absolutamente legal y concluyente a través de la ley de unidades territoriales que sigue pendiente de aprobación en la Asamblea Plurinacional, instrumento que no sólo establecerá condiciones técnicas y legales al caso de Oruro y Potosí, sino a todos los problemas existentes entre varios departamentos, precisamente por condiciones de avasallamientos de territorios e intereses que involucran recursos naturales de cada región.
Bien vale la pena recordar que hace poco tiempo y por determinaciones de las entidades localistas se encomendó a la Brigada Parlamentaria y a los asambleístas departamentales, encarar gestiones directas ante el órgano legislativo nacional para lograr cuanto antes la aprobación de la ley de unidades territoriales. Sobre el asunto no se conoce ningún informe para establecer responsabilidades si existió incumplimiento de deberes.
Los orureños esperamos que este problema limítrofe sea solucionado de manera satisfactoria, sin que se alteren nuestros límites geográficos, pues se reitera que Oruro, no perderá ni un sólo centímetro de su territorio.
Fuente: LA PATRIA
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