Sábado 23 de junio de 2012
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“Si Bolivia reacciona contra el salvoconducto habrá un rompimiento de relaciones diplomáticas con Brasil y de instituciones, pero no creo que Evo (Morales) esté loco para hacer eso”, comentó el representante de la prestigiosa Orden de Abogados de Brasil (OAB), Tercio Waldir de Alburquerque, al referirse a la solicitud de asilo del senador del Estado Plurinacional de Bolivia, Roger Pinto.
La OAB tiene una larga experiencia en relación al refugio de perseguidos políticos, desde las duras épocas de las dictaduras militares. Es una entidad vigilante del comportamiento constitucional de sus autoridades en relación al respeto a los Derechos Humanos y a la normativa internacional que garantiza la independencia judicial.
Al parecer, por declaraciones de altas autoridades bolivianas, existe en el Gobierno y en sus voceros, poco conocimiento sobre cómo funcionan las solicitudes y trámites de asilo. Quizá porque son personas que no vivieron esas premuras antes de la época democrática (1982), cuando Luis Arce Gómez negó salvoconductos.
El asilo es una institución que protege a quien se considera perseguido. No interesa tanto de qué se lo acusa (para los militares todos los guerrilleros eran terroristas delincuentes), sino el ordenamiento jurídico de su país. ¿Tiene oportunidad o no de acceder a un proceso justo?
