No obstante las expresiones optimistas del presidente de YPFB sobre la seguridad de que hay suficientes carburantes tanto para la provisión normal de gasolina, gas, kerosene, diesel, etc., hay un drama inmediato que viviremos no sólo por el mayor consumo sino por la menor producción de hidrocarburos por falta de inversiones.
Las necesidades de todo tipo de energéticos aumentan de día en día, especialmente por la incorporación de vehículos efecto del contrabando y que se legalizan de tanto en tanto. La manía de darles carácter legal a automotores usados de toda marca y calidad tan sólo con el pago de los derechos aduaneros y los impuestos, determina que el mal crezca, que, por mucho que se anuncian restricciones, se hacen más presentes en la vida nacional.
Importamos diesel, gasolina y otros; gastamos en divisas más de 700 millones de dólares y, conforme a la primacía del petróleo en el mundo, casi siempre los precios serán mayores; por el contrario, seguimos con subvenciones, haciendo que el Estado pague sumas fabulosas. Las autoridades, aunque convencidas del grave daño que ocasiona el contrabando, siguen con sus políticas de autorizar el ingreso de vehículos “chatarra” ya que es el anuncio permanente de lo que ocurre en las fronteras más conocidas; lo grave es que, parte de esos rodados son efecto de robos que se hacen en ciudades y poblaciones de países vecinos.
Producimos e importamos carburantes también con miras al contrabando porque fronteras con el Perú, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil son mercados seguros para todo lo subvencionado que podamos venderles. Lo grave radica en que no sólo se hacen las ventas por menor o “al raleo”; se lo hace “vía aérea como si a los camiones cisterna de alto tonelaje les hubiese crecido alas”, mientras las autoridades encargadas de cuidar las fronteras no ven ni notan ruido alguno cuando todo ocurre encima de sus cabezas aunque sí, con seguridad, se dan cuenta de bandadas de pájaros que cruzan por los aires. El contrabando de carburantes subvencionados permite ganar mucho dinero a los corruptos que le roban al país para venderlo a otros; las autoridades de Aduana, de la Policía y de las Fuerzas Armadas que “guardan” las fronteras, no se dan cuenta y, tranquilas, permiten la consumación de un delito que irroga graves daños al país.
Como corolario de todo: no hay inversiones para más trabajos de prospección, exploración y explotación de hidrocarburos; se nacionaliza a empresas ya instaladas y se compromete dineros por concepto de indemnizaciones que el país debe pagar. No se ha pensado, ni de lejos, en la necesidad y urgencia de garantizar las inversiones, atraerlas y hacer que conjuntamente empresas nacionales, puedan explotar riquezas no sólo hidrocarburíferas sino mineras y de otro tipo que se dan en nuestro amplio territorio. Así los hechos, abrimos más caminos para que el contrabando, efecto de la corrupción, precipite al país al más profundo de los barrancos de la pobreza.
El Gobierno, por su responsabilidad y sentido de servicio al país, debe tomar conciencia de este grave problema; de otro modo, aunque con lamentos por los daños que causa el contrabando, seguiremos fomentándolo porque, parece, así conviene a quienes buscan enriquecerse más de lo debido a costa de la pobreza de los habitantes del país.
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