El nuevo ciclo de estatizaciones le cuesta al país $us. 1.000 millones
10 jun 2012
Fuente: La Paz, 09, LA PATRIA.-
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El nuevo ciclo de estatizaciones inaugurado por el Gobierno del Presidente Evo Morales el 1 de mayo de 2006, le cuestan al erario nacional unos 1.000 millones de dólares, según un informe de la Fundación Milenio.
Poco después de asumir la presidencia Evo Morales, el 1 de mayo de 2006, promulgó la primera estatización. El Decreto Supremo (D.S.) 28701 establece que el Estado recupera la propiedad, la posesión y el control de los recursos naturales hidrocarburíferos, así como la plena participación estatal en toda la cadena productiva del sector. Para lo cual YPFB tendría que controlar como mínimo el 51 por ciento de las empresas Andina, Chaco, Transredes, Petrobras y de la Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia (CLHB).
Sin embargo, la denominada “nacionalización” se limitó, en los hechos, a una renegociación de contratos. Posteriormente el 12 de mayo de 2007 se concretó la adquisición del 100 por ciento de las refinerías petroleras que habían sido adquiridas por Petrobras en 1999, al igual que la Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia (CLHB) en mayo de 2008, dice Milenio.
A fines de 2006, argumentando problemas con el suministro de agua potable y alcantarillado, “Aguas del Illimani”, subsidiaria de la empresa francesa Suez, fue estatizada. En el decreto se establecieron los pagos que se debían realizar.
En febrero de 2007 fue el turno del Complejo Metalúrgico Vinto, la única estatización registrada en dicho año. Una de las razones argumentadas fue que la transferencia al capital privado se hizo violando disposiciones legales
Sosteniendo que era un regalo para los trabajadores, el 1 de mayo de 2008 se tomó el control de ENTEL S.A. que en ese entonces se encontraba administrada por la empresa italiana ETI Eurotelecom International NV. Dos años después se llegó a un acuerdo sobre la indemnización.
Un año después Air BP, empresa encargada del suministro de combustibles de aviación en varios países, pasó a ser controlada por el Estado, que compró la totalidad de las acciones de la empresa Air BP Bolivia S.A. El mismo año, en septiembre, las eléctricas Corani S.A., Valle Hermoso S.A. y Guaracachi S.A. transfirieron por el Decreto Supremo 0289 a favor del Estado “… las acciones de las ciudadanas y los ciudadanos bolivianos, que forman parte del Fondo de Capitalización Colectiva…”, paso previo a la posterior estatización.
También en el día del trabajador de 2010, se formalizó la estatización de las empresas eléctricas antes mencionadas además de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A. (Elfec S.A.), que previamente, el 30 de abril de 2010, había sido intervenida por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad de acuerdo al D.S. 492. Ese mismo 1 de mayo la Planta de Vinto Antimonio fue revertida al dominio del Estado.
Uno de los casos polémicos fue la estatización de la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa), en septiembre de 2010. Según el decreto el objetivo fue recuperar para el Gobierno Departamental Autónomo de Chuquisaca el 33.34 por ciento de las acciones de Fancesa.
Nuevamente el 1 de mayo de 2012 se retomó el rumbo de las estatizaciones. El Estado tomó el control de la Transportadora de Electricidad S.A. (TDE), que se encontraba en manos de la empresa Red Eléctrica Española (REE), argumentando falta de inversiones.
COSTO
El costo estimado de las estatizaciones, hasta el momento, es elevado. Los montos que se negocian o solicitan permiten inferir que el total podría superar los $us. 1.000 millones. Este monto no toma en cuenta otros costos emergentes de las estatizaciones.
Considerando solamente los $us. 947.4 millones como costo probable de las estatizaciones, en algunos casos algunas empresas fueron ya indemnizadas en otros aún no, el dinero empleado para pagar a las empresas, o por pagar, representa una perdida de capital para el país ya que podría haberse destinado en la ampliación de la capacidad productiva. Por ejemplo, se pagó $us 112 millones por las refinerías de petróleo compradas a Petrobras, pero el país no tiene una nueva refinería y tampoco se ampliaron las existentes.
Las estatizaciones, la mayoría realizadas de forma sorpresiva y coercitiva, generan un grave daño a los derechos de propiedad y deterioran seriamente la seguridad jurídica, factores necesarios para captar inversión extranjera y garantizar la inversión privada nacional. En conjunto las estatizaciones no permitieron aumentar significativamente la inversión total. La formación bruta de capital fijo en relación al PIB (tasa de inversión) en promedio, de 2006 a 2011, apenas llegó a 16.2 por ciento, que siempre fue el nivel histórico, con la excepción del periodo 1997-1999 cuando el promedio fue de 20.7 por ciento, de la inversión total en Bolivia. El costo de una tasa de inversión baja es un crecimiento lento, paradógicamente en un contexto de precios altos de las materias primas, concluye el análisis de Milenio.
Fuente: La Paz, 09, LA PATRIA.-
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