Analistas y opositores observan que burocracia y trámites lentos desalientan inversión minera en el país

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La inseguridad jurídica y la alta carga impositiva no son los únicos factores que frenan la inversión minera en Bolivia. Desde el inicio de los trámites en la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), pasando por el debate y análisis en la Asamblea Legislativa, hasta la aprobación de contratos mineros, pueden transcurrir hasta cinco años o más.

Esta demora fomenta la realización de actividades mineras ilegales en el país y desalienta la inversión privada en el sector. Legisladores y analistas mineros señalan que los trámites son más ágiles en países vecinos.

El diputado Guillermo Benavidez de Comunidad Ciudadana explicó que los problemas burocráticos retrasan los trámites en la AJAM. Se estima que hay más de dos mil contratos pendientes de canalización. Durante esta gestión, se enviaron unos 400 contratos a la Comisión de Economía Plural y luego al Comité de Minería y Metalurgia para su análisis individual.

�??Se han devuelto a la AJAM unos 200 porque estaban fotocopiados sin legalizar. Los contratos que llegaron son de diferentes regiones, empresas y cooperativas. Si se aprueban en comisión, pasan a plenaria para su aprobación final�?�, indicó Benavidez.

�??El Gobierno ha perdido el control sobre la minería. Un contrato demora de cuatro a cinco años en ser aprobado y, mientras tanto, una gran cantidad de mineros comienzan a explotar sin tener un contrato administrativo aprobado. Por eso la minería ilegal es más numerosa que la legal�?�, observó Benavidez.

Esta situación perjudica al país y a los operadores mineros que buscan explotar de forma legal. Se enfrentan a la burocracia y se genera una mala imagen para la inversión.

El analista del sector minero Dionisio Garzón señaló que existen cuellos de botella: los contratos no se están aprobando y hay demoras de años e incluso algunos proyectos grandes ni siquiera llegan a ser aprobados. Según el experto, en otros países la legislación es más ágil y no siempre requiere pasar por el Legislativo; solo se necesita la aprobación de los Ministerios de Minería. �??Aquí todos los contratos deben pasar por la aprobación del Legislativo y no avanzan. Si se trata de inversión extranjera o si el área de interés está cerca de una frontera, peor aún, no se puede hacer nada�?�, puntualizó.

Según Garzón, gran parte del potencial en minerales clave actualmente está controlado por el Estado, lo que significa que cualquier inversionista debe primero hablar con esa instancia. Además, la legislación no es muy favorable para el capital privado.

El último informe del Instituto Fraser 2022 ubica a Bolivia en el puesto 52 entre 62 naciones como país poco atractivo para la inversión privada. Por ejemplo, el régimen impositivo y de regalías disuade la inversión.

Fuente: LA PATRIA