Alan García defendió limpieza de su gestión ante comisión que lo investiga
09 jun 2012
Fuente: Lima, 8 (EFE).-
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El ex presidente peruano Alan García defendió hoy (ayer) la limpieza de su última gestión presidencial (2006-2011) ante una Comisión del Congreso de la República que investiga si hubo corrupción en la remodelación de unos centros escolares.
Tal como establece el reglamento del Congreso, la sesión, que duró poco más de tres horas, fue a puerta cerrada, pero el mismo García, que fue presidente también de 1985 a 1990, informó a la salida de lo tratado y dijo sentir "satisfacción democrática" por haber comparecido ante la comisión investigadora.
El caso tiene que ver con al menos 47 grandes escuelas que se construyeron en todo Perú en la década de los años 50 y que fueron modernizadas durante el gobierno de García con una inversión de 1.500 millones de soles (unos 550 millones de dólares).
Según el borrador de un informe preliminar de la comisión difundido por medios locales hace dos semanas, hay indicios que en la remodelación de los colegios pueden haberse cometido los delitos de asociación ilícita para delinquir, malversación de fondos, colusión, abuso de autoridad y omisión de funciones.
Uno de las cosas que se investigan es si los presupuestos fueron hinchados y si hubo irregularidades en la concesión de las obras a empresas privadas de manera directa gracias a un decreto de urgencia.
El decreto que permitió la remodelación de los llamados "colegios emblemáticos" fue "absolutamente legal y constitucional", subrayó tajante el expresidente, del Partido Aprista Peruano.
Además de García, se investiga a los ex ministros José Chang, Yehude Simon, Pedro Sánchez y Luis Carranza, según ha anunciado el presidente de la comisión, el oficialista Sergio Tejada.
García, que lució sereno y muy confiado, aunque no admitió preguntas, dijo que acudió al llamado de la comisión investigadora porque era su "deber democrático" y que tiene "plena confianza" en los actos y las obras que se hicieron en su gobierno.
"De manera que no me siento ofendido ni maltratado, sino que considero que es un deber democrático que todos los gobernantes deberían cumplir", indicó.
El exmandatario dijo que defendió la legalidad de la autorización que dio para que se ejecuten las obras y señaló que si esto no fuera cierto, "al día siguiente el Congreso pudo derogarla y el Tribunal Constitucional declararla inconstitucional".
"En este caso ninguno de los medios de control intervino y por consiguiente debemos entender que se juzgó suficientemente válido el decreto", acotó.
García también aseguró que la decisión de hacer grandes obras con fondos públicos se tomó para frenar el impacto de la crisis financiera internacional, ya que "en ese momento el mundo vivía una situación gravísima".
"Se hubieran perdido por lo menos 250.000 puestos de trabajo y se logró compensar la caída de la inversión privada en 2009 (...) cuando todo el mundo retrocedió y disminuyó su producción, Perú creció un 1 %", resaltó.
El exgobernante sostuvo, asimismo, que "hasta el momento" no conoce "ni se ha probado que alguna de las empresas (contratadas para estas obras) haya beneficiado a algún funcionario o ministro" de su Gobierno.
Fuente: Lima, 8 (EFE).-
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