Proyecto de nueva ley minera significa un retroceso ambiental

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Representantes de aproximadamente 100 instituciones y organizaciones aseguran que el proyecto de nueva ley Minera suprimiría el rol de la Autoridad Ambiental Competente para la provisión de licencias al sector minero, ocasionando un notable debilitamiento de la gestión ambiental y profundizando el modelo desarrollista-extractivista, que fue ampliamente criticado por el Gobierno en foros internacionales.

Entre las instituciones firmantes se encuentran universidades, juntas vecinales, programas y organizaciones de La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz y otras que tienen presencia a nivel nacional.

“A partir de esta nueva Ley se estaría privando al país de la posibilidad de lograr la sostenibilidad en sus procesos de desarrollo”, sostiene su comunicado.

De acuerdo a la denuncia, el parágrafo III plantea que el “monitoreo periódico”, requisito para la actualización de la licencia ambiental, será realizado por el Ministerio de Minería y Metalurgia, con lo que esta instancia gubernamental se constituirá en juez y parte ya que, debido a la clara visión extractivista del sector, se perderá la objetividad en relación a la necesidad de proteger el ambiente y los recursos naturales, así como prevenir los impactos y amenazas ambientales producto de las actividades mineras. Esta situación, seguramente impedirá también que se aplique el principio precautorio y prevención a los recursos naturales “in dubio pro natura”.

El planteamiento resulta inaudito, señalan las instituciones, porque no sólo convierte al Ministerio de Minería y Metalurgia en juez y parte de un proceso destinado a velar por la protección ambiental, aspecto que, como ya es por demás conocido, no interesa a los responsables de promover actividades mineras en el país, “además, esta situación debilita aún más el ya mermado rol de la Autoridad Ambiental Competente, quitándole una de las razones fundamentales de existir, y vulnerando la Ley de Medio Ambiente, vigente aún.

De acuerdo al documento, la consulta se reduciría “a un simple trámite de adecuación de las medidas de mitigación planteadas por la empresa minera, ignorando el sentido de la consulta pública y sometiendo a mayor riesgo a regiones y comunidades indígenas originario-campesinas bajo la presión de operaciones mineras”, toda vez que el parágrafo II del mismo artículo de proyecto señala que: “La licencia ambiental se otorgará antes de la suscripción del contrato o de la licencia de operación, previa consideración en consulta pública de las medidas de gestión ambiental establecidas en el proyecto”.

Adicionalmente, el artículo 133 del proyecto en cuestión, referido a áreas protegidas, señala que los titulares de contratos mineros no podrán realizar actividades en áreas protegidas y lugares de valor natural y cultural, “a menos que un estudio de impacto ambiental establezca que dichas actividades no afectan el cumplimiento de los objetivos de protección del área, según informe de la instancia competente”. Lo preocupante es que el Organismo Sectorial Competente relativizará, en razón de la visión extractivista que lo rige, cualquier información preocupante recogida.

“Por estas razones, las casi cien entidades exhortan al gobierno a revisar su posición y no permitir que el afán desarrollista anule las salvaguardas ambientales contenidas en la nueva Constitución Política del Estado y el ordenamiento ambiental vigente, porque este proyecto vulnera el enfoque de defensa de la madre tierra y el vivir bien”, señala el comunicado.

Entre las instituciones firmantes se encuentran universidades, juntas vecinales, programas y organizaciones de La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz y otras que tienen presencia a nivel nacional.

Fuente: LA PATRIA