Fueron muchas las esperanzas que tenían las autoridades nacionales en torno al resultado de plantear una vez más ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el alto organismo hemisférico, la demanda boliviana sobre su enclaustramiento marítimo situación planteada en el anterior foro que se realizó en nuestro país en el año 1979, que logró arrancar una resolución apoyando las gestiones entre los dos países, Chile y Bolivia, recomendación que, sin embargo, no se cumplió en más de 30 años, desde entonces.
El hecho de ser anfitriones en la 42 Asamblea de la misma organización hacía presumir que podría darse cierta prioridad al planteamiento reiterativo de insinuar a los países miembros, otra determinación más contundente para que el problema del mar sea puesto en la palestra internacional y con mejores posibilidades de sensibilización de la política internacional de Chile.
Ha transcurrido un tiempo precioso desde que se aprobó la resolución 426 de la OEA que apoyaba la demanda boliviana de reintegración al océano Pacífico en base a gestiones que pudieran realizar las partes, lo que simplemente no aconteció en la expectativa creada entonces y que en la actualidad muestra que si no se cumplen urgentes “relaciones bilaterales”, como ya se sugirió en otros y en el evento reciente, parece que el asunto seguirá siendo un albur.
Sencillamente la posición chilena enmarcada en el cumplimiento de los tratados y especialmente en el de 1904, añadiéndose además la frase de que “Chile no le debe nada a Bolivia”, debería obligar a nuestra diplomacia a efectuar un cambio de timón y encarar la gestión de manera más pragmática.
El acercamiento que efectuó el actual gobierno, pero con el anterior de Chile a través de Michelle Bachelet, significó un avance de orden más dinámico pues hasta se logró aprobar una agenda de más de diez puntos, entre los que se incluyó por supuesto el caso marítimo y otros como las aguas del Silala y las del río Lauca, empero por esas fricciones propias de las políticas diplomáticas de ambos países, los resultados no fueron satisfactorios y ese acercamiento se enfrío contundentemente con el cambio de mandatario. Sebastián Piñera y su entorno palaciego, simplemente pusieron la demanda boliviana en el refrigerador.
Teniendo a mano el instrumento de preparación y ejecución de la 42 Asamblea de la OEA, el asunto se reabrió con un entusiasmo especial que parecía muy bien implementado, aunque carente de las gestiones de un “lobby” anticipado, pero bajo responsabilidad de nuestro equipo diplomático, cuya eficiencia debía ponerse a prueba en este particular planteamiento.
Lamentablemente las cosas salieron exactamente por el otro lado, Chile con su gusto de que no se logre ninguna otra resolución, Bolivia con una frustración más debido a la poca habilidad de su diplomacia y el encasillamiento de cierto nivel político que más bien restaron apoyo a la demanda boliviana, tanto así que inclusive los países miembros de la ALBA se conformaron con una nueva sugerencia de “tratar el caso entre las partes”.
Con seguridad que no era este el resultado esperado, que para Chile fue una victoria en tanto que para la diplomacia boliviana es otra lección muy clara y precisa de que se necesita extremar recursos, agotar instancias, actuar sin soberbia y más bien con planteamientos fundamentados en otros hechos como los que deberían tratarse paralelamente, el caso del agua y del gas. Se trata de estrategias, no de meros discursos.
Fuente: LA PATRIA
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