Tenemos claro que los asuntos públicos requieren de un aparato técnico administrativo para ser procesados, pero los ciudadanos por lo menos esperamos poder acceder a lo que ya tenemos.
Pese a los discursos oficiales, la lentitud y complicación de los procesos que se llevan a cabo en las diferentes instituciones públicas, desmienten con creces el objetivo de viabilizar a ciudadanos e instituciones los servicios y beneficios establecidos; desde la exportación de nuestros productos con larga demora entre su liberación y el momento de efectivizarlas, hasta la obtención de una cédula de identidad, una renta de jubilación, certificados de estudios o de propiedad, aprobación de proyectos y un largo etcétera, convertidos en una verdadera pesadilla para los usuarios.
Para el funcionario público no existe la dimensión “tiempo”, pues con una facilidad rayana en la desfachatez responden – ya no, vuélvase mañana- sino vuelva dentro de una semana o uno, dos y hasta seis meses.
De nada ha servido que nos ufanemos sobre la llamada automatización de los procesos con la llegada de los sistemas informáticos, más bien pareciera que el remedio ha sido peor que la enfermedad, dados los errores de digitación cambiando nombres, apellidos y otros caracteres, que deben ser pagados por los ciudadanos al seguir juicios administrativos o civiles para su corrección.
Este problema se ha agravado en los últimos tiempos, haciendo de las colas una nueva característica boliviana. Observamos con intolerable frecuencia, que muchos de estos funcionarios desconocen su trabajo, lo cual después de más de 6 años de cambio en la Administración Pública, por fuerza ya debieran saber.
A ello se añade una premisa implícita en el comportamiento público, que todos los bolivianos somos pillos empeñados en defraudar al Estado, y por ello las instancias administrativas crean un sinnúmero de requisitos orientados a sorprender en falta al ciudadano. Las mal llamadas administraciones departamentales son restringidas al papel de “caros mensajeros” que remiten la mayor parte de los asuntos a La Paz para su aprobación, observación o rechazo.
A nuestras autoridades no se les ha ocurrido, que la demora, el entrabamiento, la complicación, tienen un alto costo en el desenvolvimiento de la sociedad y que con ello inducen a buscar otros caminos como el soborno o la informalidad. Tampoco, en emular a las empresas privadas, que dentro de su estrategia comercial competitiva contemplan la realización de sus operaciones “orientadas al cliente”.
La conducta pública, porque no tiene competencia y porque los trámites son obligatorios para quien los necesita, está sellada por la impunidad funcionaria, parecen convencidos de hacernos un favor, por ello su displicencia y hasta su ira si es que recibe algún reclamo, abstrayéndose de que su sueldo lo paga el contribuyente, ese que demanda sus servicios.
Ya es hora que en toda la Administración Pública se encare en serio, el desarrollo de programas de capacitación del personal en sus respectivos campos, buenos sistemas de comunicación e información y la simplificación de los trámites a su cargo, para generar resultados eficaces como producto de procesos eficientes.
Tomado de hoybolivia.com
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