No gobernar con las leyes es atentar contra el Estado
06 jun 2012
Por: Armando Mariaca V.
Hay principios que rigen la vida de los pueblos desde que las diversas comunidades han tomado conciencia de que sólo el ordenamiento legal es guía y razón de ser de los países. Mucho se ha dicho sobre la urgencia de vivir regulado, conducido y sostenido por la fuerza de la Constitución y las leyes en una comunidad que se precia de ser civilizada; se añadió también que ello es básico para vivir en democracia y, dentro de ella, gozar de libertad y los derechos que permite.
Para los gobiernos del mundo que no han sido totalitarios o efecto de acciones de fuerza, la ley es el lábaro que conduce las fuerzas económicas, políticas, culturales y sociales porque sólo así es posible evitar la acción de libertinajes que someten a los pueblos y los hace parte de estados o situaciones esclavistas para beneficio de pocos. Pueblos sin ley son dominios de la prepotencia y de la anarquía porque reina en ellos el derecho de la fuerza que impone normas arbitrarias determinadas por quienes detentan los poderes.
En nuestro país hemos tenido que sufrir las consecuencias de actitudes de quienes se hicieron del poder mediante golpes de estado o, más propiamente, de acciones contrarias a la Constitución y las leyes. Los ejemplos son muchos si tomamos en cuenta tan sólo lo ocurrido a partir de la segunda década del siglo pasado: el MNR, mediante una “revolución” cruenta producida en abril de 1952, se hizo del poder e instauró un gobierno dictatorial y tiránico que impuso y dirigió el Dr. Víctor Paz Estenssoro desde el 16 de abril de 1952 al 6 de agosto de 1956; luego, lo han sucedido varios regímenes civiles y militares (Barrientos, Ovando, Torres, Banzer, Pereda, Padilla, Natusch Busch, Vildoso) que dominaron el país hasta el 10 de octubre de 1982 en que las Fuerzas Armadas – normalmente cabezas de la mayoría de los regímenes dictatoriales – decidieron entregar el Estado a la fórmula que había logrado el apoyo del pueblo en elecciones de 1981.
Lo grave es que, muchas veces, gobiernos constitucionales actúan en detrimento de los derechos del pueblo al adoptar medidas que son contrarias a la Constitución y las leyes; lo hacen con el pretexto de “cuidar los derechos de las mayorías” o con la finalidad de “reivindicar derechos que han sido vulnerados en el pasado”. Los pretextos para alejarse de las leyes nunca han faltado. Ello, lógicamente, determina que el pueblo pierda confianza en esos gobiernos, aunque legítimos y legales, van perdiendo la confianza y credibilidad de la comunidad.
Son múltiples los casos en que, con tinte legal, se asume conductas ajenas al ordenamiento constitucional; se pretende imponer reglas sujetas a caprichos o conveniencias partidarias que lastiman la confianza pública y gobiernos que cuentan con el apoyo popular lo pierden por rebasar lo legal creyendo –o haciendo creer– que obran legalmente por actuar en “bien mayoritario” que, más temprano que tarde, lastiman y perjudican a esas mayorías.
Cualquier actitud contra la Constitución y las leyes, por justificativo que quiera dársele, es atentatoria contra el Estado que es toda la República; en otras palabras, contra el país que es el pueblo en todo sentido. No hay, pues, sentido alguno en imposiciones ajenas al ordenamiento constitucional. Es de esperar que el actual gobierno actúe con la sindéresis y responsabilidad que obligan la Constitución y las leyes partiendo del principio de que lo legal debe estar encuadrado en las leyes y que los pretextos son simples aficiones a la dictadura.
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