Crisis carcelaria en Bolivia: Hacinamiento inhumano y condiciones degradantes para los reclusos

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El problema del hacinamiento carcelario en Bolivia, específicamente en el departamento de Oruro, ha alcanzado proporciones alarmantes y se ha convertido en una preocupación tanto a nivel nacional como internacional.

Las cárceles de esta región se enfrentan a una grave crisis de sobrepoblación, lo que ha resultado en condiciones inhumanas y degradantes para los reclusos. Esta situación crítica se ve agravada por la falta de infraestructura adecuada y recursos insuficientes asignados al sistema penitenciario.

En gran medida, este conflicto social se debe al aumento en la cantidad de detenidos y a la falta de una política efectiva para abordar este crecimiento. Las instalaciones carcelarias están diseñadas para albergar una cantidad determinada de reclusos, pero la sobrepoblación ha llevado al hacinamiento extremo, donde los internos se ven obligados a vivir en espacios reducidos y con un acceso limitado a servicios esenciales, como atención médica y saneamiento.

Además, la ausencia de programas efectivos de rehabilitación y reinserción agrava la reincidencia delictiva y perpetúa un ciclo de criminalidad.

Un ejemplo impactante de esta crisis es el penal de San Pedro, que fue construido para albergar un máximo de 450 reclusos, pero actualmente tiene a más de 1.400 personas privadas de libertad.

La juez de ejecución penal, Erika Aráoz, señala que este problema es evidente en todos los centros penitenciarios del país, a pesar de los esfuerzos de expansión que se puedan realizar. El hacinamiento carcelario es un factor de riesgo en diversos aspectos y se ha observado un aumento en delitos como el tráfico de sustancias controladas y la violación debido a estas condiciones.

Las estadísticas muestran que el 55% de los privados de libertad se encuentra en detención preventiva, mientras que el 45% tiene sentencia condenatoria ejecutoriada.

El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, destaca que hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional que busca descongestionar las cárceles y utilizar la tecnología para mejorar el seguimiento de los privados de libertad en detención preventiva.

A nivel nacional, aproximadamente el 67% (17.000) de los privados de libertad (28.000) se encuentra en una situación jurídica incierta lo cual subraya la necesidad buscar alternativas para aquellos reclusos que deberían ser liberados.

El llamado a los legisladores es aprobar este proyecto ya que se considera una medida crucial para abordar la problemática del hacinamiento carcelario en Bolivia y garantizar una administración justa y efectiva.

Fuente: LA PATRIA