Organizaciones de la sociedad civil preocupadas por Libertad de Expresión

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Organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe demandaron este domingo a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que garanticen el “funcionamiento no restrictivo” de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante el pedido de reformas formulado por los países bolivarianos.

"Cualquier propuesta que debilite la función de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión implica atentar directamente contra las víctimas o potenciales víctimas de los abusos de autoridad”, declaró Karina Banfi, secretaria ejecutiva de la Alianza Regional para la Libre Expresión e Información, que agrupa a 24 organizaciones de 19 países.

La Alianza planteó sus observaciones a la propuesta de “fortalecimiento” del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, formulada por los países bolivarianos, en el marco del Diálogo Informal de la 42. Asamblea General de la OEA reunida en la localidad cochabambina de Tiquipaya.

La Alianza recordó que los “notables progresos” alcanzados en materia de libertad de expresión y acceso a la información en la región “han beneficiado a millones de personas”, gracias al “trabajo constante y riguroso” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la CIDH, en el marco de un sistema que “constituye una barrera contra todas las formas de arbitrariedad”.

De acuerdo con la Alianza, al menos tres de las recomendaciones contenidas en la propuesta bolivariana afectan directamente a la Relatoría Especial de Libertad Expresión: la incorporación de los informes de todas las relatorías en un capítulo único del informe anual de la CIDH, la sugerencia de unificar el financiamiento en una bolsa única para todas las relatorías y el establecimiento de un “código de conducta” para regular la gestión de las mismas.

Reemplazar el actual informe anual exhaustivo y específico sobre la libertad de expresión en todos los países del hemisferio, a cargo de la Relatoría Especial, por uno general de la CIDH, “pondría en riesgo una práctica que contribuye al mejoramiento de la calidad democrática de los Estados” y “reduciría notablemente la visibilidad, impacto y alcances que tiene este trabajo en la región”, declaró Banfi a la Agencia de Noticias Fides (ANF).

Tras recordar que las relatorías de la CIDH carecen del financiamiento suficiente para un adecuado funcionamiento, la Alianza dijo que la Relatoría para la Libertad de Expresión tiene capacidad para gestionar sus propios recursos y que la unificación del financiamiento afectaría aún más a su funcionamiento.

Asimismo, dijo que la propuesta de someter a los relatores a un “código de conducta” perjudicaría gravemente la “independencia y eficacia” del Sistema Interamericano. “Nunca un Código de Conducta podría convertirse en un impedimento para que la Relatoría Especial emita comunicados, cartas o recomendaciones antes de que se consume una violación o se genere un perjuicio irremediable pues es fundamental el carácter preventivo que tiene en el Sistema Regional para la defensa de los derechos”, subrayó.

”Los Estados deben asegurar que las recomendaciones constituyan un verdadero fortalecimiento del Sistema Interamericano y no una disminución de la operatividad de las Relatorías”, dijo Banfi.

Al reiterar su apoyo a las relatorías de la CIDH, el secretario general de la OEA dijo el sábado que no está de acuerdo con restringir los aportes y que el financiamiento de las relatorías sea genérico para todos como demanda la propuesta bolivariana. “Si una relatoría recibe aportes especiales estos deben mantenerse. Que la Relatoría para la Libertad de Expresión tenga financiamiento es una buena cosa", señaló.

Asimismo, dijo que es una falacia creer que la Relatoría Especial de Libertad de Expresión recibe financiamiento solamente de los Estados Unidos.

En un pronunciamiento sobre el mismo tema, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Bolivia, afirmó que “pese a sus aparentes bondades”, la propuesta de los países bolivarianos “lejos de fortalecer el desempeño de la CIDH, y en particular el de la Relatoría para la Libertad de Expresión, determinará en la práctica su debilitamiento”.

Fuente: Tiquipaya, 3 (ANF).-