Inseguridad del Estado y la toma de minas

La inseguridad jurídica que hay en el país y pone en riesgo la inversión privada, ahora afecta al propio Estado, generando una cuantiosa pérdida económica resultado de la toma de la mina Colquiri por la acción de cooperativistas, que pretenden realizar la explotación del yacimiento sin reportarle ningún beneficio a la gubernamental Corporación Minera de Bolivia (Comibol).

La situación resulta ser insostenible y es clara muestra del peligro latente que se cierne contra el sector privado o las operaciones con participación de los empresarios que son acosados por el propio Gobierno, cuando el Primer Mandatario no se cansa de repetir un desgastado y viejo discurso como acción chauvinista que lejos de fijar una política de Gobierno, es más bien una amenaza latente para los privados al plantear la recuperación, nacionalización o estatización de las empresas que explotan recursos naturales.

La ausencia de una política minera deja vacíos incluso para redactar un nuevo Código Minero, que lejos de buscar una estructura legal armónica para la racional explotación de los recursos mineros no renovables y garantizar las operaciones mineras, pretende dar mayor poder a los cooperativistas que realizan un trabajo político antes que técnico, poniendo en riesgo la estabilidad social y económica de la región.

No se puede hablar de una “irracional explotación de los recursos naturales” cuando son empresas las que programan y planifican la explotación de los recursos naturales, en este caso concreto los minerales, ajustándose a la norma, aplicando las reglas de juego fijadas por las leyes y el pago justo de las regalías mineras, frente al canibalismo que realizan las cooperativas, contando además con beneficios que les otorga el Estado para alentar esa explotación depredadora.

Para llegar a comprender que esa acción del sector cooperativo es negativa (desde todo punto de vista) las autoridades del Gobierno tuvieron que dejar de percibir sus ingresos que les reporta la explotación del yacimiento de Colquiri, arrendado a una empresa minera privada de prestigio internacional, empero sin cuantificar el perjuicio que genera la toma de la mina para la empresa Sinchi Wayra y para los trabajadores, que también expresaron su protesta por esas acciones arbitrarías, ilegales y abusivas.

Garantizar el normal desarrollo de las actividades mineras en el país es asegurar el pago de regalías, por parte de la minería mediana y minería chica, lejos de acciones que buscan generar incluso un clima de violencia nacional, vulnerando el derecho al trabajo de los mineros que resultan ser los más afectados por la ocupación, toma o avasallamiento de los yacimientos mineros.

Entonces la única forma de garantizar la continuidad de las operaciones mineras en el país, la región y por ende la generación de recursos económicos a través del pago de regalías, es no permitir más tomas o ocupaciones de minas o yacimientos por parte de cooperativistas y comunarios, porque se atenta contra la ley, se perjudica la preparación de los yacimientos para una planificada, responsable y racional explotación que genere bienestar lejos de zozobra y la paralización de la producción y grandes pérdidas.

Ojalá las autoridades del Ministerio de Minería tomen en cuenta estos aspectos que son acciones que se convierten en una cotidianidad, porque si no afecta los ingresos del Estado –como en el caso presente- a ningún funcionario jerárquico ni gobernante parece interesarles las dificultades y perjuicios que deben soportar los productores mineros quienes muchas veces tienen que asumir cuantiosas pérdidas para garantizar una fuente laboral a los miles de mineros que sostienen a la minería boliviana.

No asumir ninguna posición y dejar que continúen las ocupaciones y tomas de yacimientos mineros convierte a las principales autoridades del sector de minería en encubridores y cómplices de esa acción ilegal que está penada por ley, pudiendo considerarse como un acto de acoso político y de traición a la Patria, por los perjuicios que ello supone. La decisión de garantizar el normal desarrollo de las actividades mineras ahora está en manos de las autoridades del sector minero como única forma de revertir la inseguridad jurídica que ahuyenta la inversión privada internacional.

(*) Periodista