En la ciudad de Oruro se estrena la flamante Ley contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres en base a una denuncia formal planteada de manera oficial en la plataforma local del Ministerio Público, bajo la figura de “violencia en contra de la mujer”, la afectada es la Alcaldesa Municipal y el denunciado el Presidente del Concejo Municipal.
El caso particular surge justamente en el primer día hábil de vigencia de la nueva Ley, por tanto la connotación del hecho tendrá su trascendencia en el ámbito jurídico puesto que las autoridades pertinentes tendrán que demostrar su apego a las disposiciones vigentes y ejercer justicia, como manda tal ley.
Mucho tiempo ha transcurrido sin que se sancione ni siquiera con “llamada de atención” el maltrato inferido a muchas mujeres que cumplen funciones en diferentes niveles de la Administración Pública y particularmente en aquellas que en el último tiempo ejercen cargos de alta responsabilidad, pero lo hacen o por lo menos lo hacían bajo un injusto trato dispensado por los varones, tanto en el parlamento como en las asambleas departamentales, los concejos ediles y en otros niveles donde la violencia y el acoso político fueron predominantes.
La Ley se aprobó y promulgó de manera que cobra vigencia y resulta que la principal autoridad del Ejecutivo Municipal en Oruro es objeto de una muestra de discriminación y hasta ofensiva posición de quienes detentan los cargos de concejales y entre esos el Presidente del ente deliberante que abandonó la sala de sesiones junto a sus seguidores dejando a la principal autoridad de la Alcaldía en una espera inadmisible. Un hecho irrespetuoso y de abierta violencia sicológica contra la Alcaldesa, quien reaccionó de la manera más natural en las actuales condiciones, denunciando el hecho ante el Ministerio Público, en lo que constituye el primer caso en el país bajo la vigencia de la Ley contra el Acoso y la Violencia Política contra la Mujer.
Seguramente los concejales no tomaron en cuenta que ahora las cosas tienen otro cariz y es que, principalmente las mujeres en función pública merecen todo respeto y consideración, pues un trato contrario a esas normas se convierte en un delito penado por ley.
Para los que aún no se enteraron de algunas disposiciones de la ley en cuestión, hay que indicar que la víctima puede acudir a la vía ordinaria y si quiere también a la administrativa. Las sanciones para quienes sean culpables de acoso político, mediante presión, persecución, hostigamiento y/o amenazas en contra de una mujer electa, designada o en el ejercicio de la función política pública será de dos a cinco años de privación de libertad, si existiese además violencia comprobada la sanción se eleva a ocho años. En cambio en la vía administrativa las sanciones van desde la llamada de atención hasta la suspensión de actividades por un mes sin goce de haberes.
El asunto está planteado y por lo visto que cobrará inusitado interés en el curso de los próximos días al tratarse del primer caso que estrena la Ley y que tiene su presentación en Oruro, contra un concejal que oficia de presidente del Concejo y que además pertenece al registro político del partido gobernante. Las mujeres especialmente estarán atentas al proceso de estreno.
Fuente: LA PATRIA
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