Infraestructura carcelaria colapsada: Informe advierte crisis en sistema penitenciario de Bolivia

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El hacinamiento en las cárceles y la necesidad de cambiar la infraestructura carcelaria son algunas de las principales conclusiones de un informe presentado este lunes por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP-Bolivia) y respaldado por la Defensoría del Pueblo.

El informe, que aborda la situación de los derechos humanos durante el año 2022, se centra principalmente en las personas privadas de libertad, pero también propone acciones para proteger los derechos en orfanatos, asilos, cuarteles policiales y militares, entre otros lugares. En total, se realizaron 273 visitas, reportó EFE.

Según el informe, se han establecido alrededor de 30 recomendaciones a diferentes entidades estatales. Sin embargo, la principal recomendación es �??mejorar la infraestructura carcelaria nacional�?�, según Pedro Callisaya, defensor del Pueblo.

Durante el período comprendido entre marzo y diciembre del año pasado, se observó un aumento en la población carcelaria. Pasó de 20.002 a 24.824 personas privadas de libertad, lo que representa una sobrepoblación del 188% si se considera la capacidad original de las cárceles.

A diciembre de 2022, solo el 33.81% de los presos tienen sentencia y el resto permanece bajo detención preventiva dentro de estos recintos penitenciarios.

Entre las deficiencias constantes en las cárceles se encuentran la falta de separación de la población por categorías, la seguridad y el control policial, los programas de rehabilitación debilitados y las dificultades en la atención médica, entre otros aspectos.

El defensor afirmó que es necesario mejorar los servicios de salud, reducir el hacinamiento y realizar un estudio técnico sobre el uso de la detención preventiva para mejorar la situación en las cárceles.

El informe del MNP-Bolivia también señaló que en los centros para adolescentes infractores no existe un programa individualizado de reinserción o tratamiento de enfermedades mentales o adicciones, lo que dificulta su reintegración social.

En cuanto a los orfanatos, se identificó como uno de los problemas principales la irregularidad en la situación jurídica de los menores y la falta de mecanismos para atender denuncias.

En relación a los asilos de ancianos, se observaron limitaciones en infraestructura y una gestión deficiente en cuanto a medicación.

En cuarteles militares y policiales existen condiciones deficientes en atención médica, provisión de medicamentos, así como problemas con baños, duchas y falta de espacios para estudiar.

El informe recomienda aprobar una ley sobre salud mental para evitar situaciones de indefensión.

La presentación del informe busca visibilizar y sensibilizar sobre estas problemáticas e invitar a todas las instituciones a trabajar conjuntamente, según indicó Callisaya.

Según la Defensoría del Pueblo, Bolivia ha ratificado todos los tratados internacionales relacionados con prevención y sanción de tortura. Por ello insta a promover un trato digno hacia todas las personas.

Fuente: LA PATRIA