El Gobierno debe definir estrategias para dotar a la minería de un instrumento normativo que la haga competitiva y altamente productiva
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No se puede hablar de minería productiva si no se asegura un trabajo debidamente planificado, resultado de una adecuada prospección y exploración, definición de tiempos e inversión y el emprendimiento del proyecto en sí para extraer los recursos naturales que permitirán una serie de ventajas para los involucrados en determinada actividad minera.
Si existen las condiciones favorables para desarrollar este tipo de actividades, el reto es producir, no hacerlo es quedar paralizado y hasta perecer en la analogía de perder oportunidad de hacer minería tecnológicamente preparada, en el sitio y el tiempo preciso, además con los recursos propicios para encarar las exigencias de la minería moderna.
En nuestro país se presentan grandes sorpresas en materia de minería y resulta que paralelamente surgen posiciones contradictorias que ponen en riesgo las alternativas de prospectar y establecer condiciones favorables para hacer minería en gran escala gracias a la existencia de recursos naturales que son altamente requeridos en los mercados externos de minerales y que teniéndolos a mano no podemos dejarlos en el subsuelo sólo como factor de referencia de lo mucho que prodigiosamente nos proporciona la naturaleza.
Es cierto que hay problemas coyunturales en función de la vigencia de precios, las condiciones de la economía de las grandes potencias tienen su incidencia en los modelos económicos de los países proveedores de materias primas como el nuestro, sujetos a esos vaivenes y bajo una dependencia del juego competitivo que generen EE.UU., Asia y Europa, pero además también de las condiciones vigentes en países vecinos que igualmente con buenos recursos mineralógicos y políticas definidas en el rubro, captan y garantizan inversiones para ejecutar proyectos de magnitud cuyo beneficio debidamente controlado se vuelca en beneficio de comunidades enteras y de miles de trabajadores y sus familiares, produciendo el “boom” de las economías ascendientes.
En nuestro país se sigue esperando la normativa minera, que ojalá deje a un lado las presiones políticas y sociales y disponga elementos de seguridad para encarar proyectos mineros de todo alcance, en función de las posibilidades que se van abriendo y que muestran una potencialidad envidiable con yacimientos que pueden catalogarse de primera clase en el contexto mundial de la minería.
Nuestro país ha sido y es minero, su futuro en el ramo dependerá de las acciones que responsable, técnica y jurídicamente adopten las autoridades de área, algunas que han formulado grandes anuncios con significativas inversiones provenientes del Estado, otras captadas del sector privado, pero en todo caso éstas últimas bajo una estela de humo que no deja ver abiertamente el futuro que requiere de un clima de absoluta seguridad y garantía para que de la manera más racional se pueda encarar proyectos de envergadura que muy difícilmente podrían ser sustituidos, por ejemplo, con tareas agro-ganaderas tradicionales, las que sin embargo pueden ser compatibles, en un clima de convivencia pacífica y bajo responsabilidades plenas del cuidado del medio ambiente y la naturaleza.
En este tiempo todo es posible si se dan las condiciones propicias para el buen uso de nuestros recursos naturales bajo normativas aplicadas sabiamente y no impulsadas por obtusos criterios retrógrados y anacrónicos.
En el caso de la minería, como lo señalan coincidentemente los expertos y los industriales del sector, la opción es simple producir o perecer.
La primera instancia es absolutamente factible verificando la existencia de un yacimiento rico en minerales y si se dispone de los mecanismos legales correctos, de las fuentes seguras de financiamiento, del correspondiente asesoramiento técnico y la transferencia de tecnología en equipos, pero también en experiencia de personal capacitado.
La segunda instancia correspondería a una posición egoísta y retrógrada, porque igualmente conociéndose de la existencia de yacimientos mineros no tratarlos en la perspectiva de su explotación, significaría un enorme daño al país, al departamento donde están las reservas y a las comunidades que perderían de manera directa la posibilidad de obtener recursos para encarar planes de desarrollo sostenible a favor de las familias del entorno minero.
Hasta el momento hay un tiempo perdido irremediablemente y un anunció en el sector estatal de la minería, propiamente en la Comibol, cuyo directorio recientemente renovado estaría empeñado en “reconstituir” la entidad minera fiscal, en un claro reconocimiento de que su “constitución” está fuera de los planes realmente pragmáticos y dinámicos que requiere la minería para seguir siendo parte importante de la economía nacional.
Medios – Agencia Uru
Fuente: LA PATRIA
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