PERVERSIDAD INSTITUCIONALIZADA

Entre las funciones esenciales de los Estados contemporáneos, está administrar justicia. Para ello, sus Constituciones y leyes franquean derechos y garantías en favor de todos los ciudadanos para oponerlos ante los poderes fácticos, establecen sistemas o estructuras para hacerlos respetar y, les imponen a sus agentes (Jueces, Fiscales, Policías, etc.), la obligación de tutelarlos.

Se dice y no sin acierto, que cuando ese sistema no cumple con esa función, que adviértase, es su razón de existir, estamos ante un fracaso de las funciones primordiales estatales e incluso, hay quienes sostienen que estaríamos ante Estados fallidos; pues no rige el Estado sujeto al imperio del Derecho, sino una jungla en la que impone su capricho el más poderoso (qué además, suele ser siempre el peor abusivo procediendo violentamente).

Pues bien, a la vista de los acontecimientos acaecidos recientemente -aunque vienen de larga data- cabría indagarnos si no estamos definitivamente ante tamaño desastre. El más reciente y actual ejemplo, constituye sin duda el perverso tratamiento propinado a la activista de DDHH Amparo Carvajal Baños (que acaba de propinarle una sonada derrota a sus verdugos) cuando luego de varios rechazos, logró tutela de una acción de libertad, mediante una sentencia pírrica para varios, que le ordenó a su principal agresor se inhiba de realizar actos de hostigamiento y amedrentamiento que constituyen violencia psicológica y amenazas; pero que no se cumplió siquiera en tales términos, frente a las barbas de la Policía, etc. Tuvo que haber una salida al parecer negociada, para salvar el papelón�?�

Me consta personalmente otros casos por mi práctica de la Abogacía, en los que luego de múltiples batallas, se logra finalmente la tutela en términos formales (sentencia, inclusive), pero luego lo que los propios Jueces de garantías ordenaron -apenas-, los obligados que gozan de poder, sencillamente no cumplen lo ordenado e incluso, esos mismos Jueces terminan resolviendo ante la queja de las víctimas, que el fallo se �??cumplió parcialmente�?� ??!!!.

Otro caso algo similar, es de un Juez de Ejecución Penal de Cochabamba, despedido aprovechando el escándalo de jueces corruptos. Demostró con documentación oficial del mismo Consejo que no tenía ningún antecedente y peor sentencia por falta disciplinaria o delito y que su despido fue ilegal, inconstitucional e inconvencional, pero luego de habérsele dado tutela, el Consejo le envío -su cargo ya había sido ocupado- como venganza a Porvenir en Pando, pese a que por esos días convocó a cargo similar en Cochabamba porque creó un nuevo Juzgado. Que yo sepa, Porvenir no está en Cochabamba. Pero los Vocales dieron por cumplida parcialmente la sentencia, previo mensaje para que no siga �??molestando�?�, porque ellos estaban en campaña de su reelección, ante los obligados.

Y así sucesivamente, el amable lector encontrará muchísimos otros ejemplos en los que ni siquiera se otorga tutela mereciéndola en términos objetivos o de lograrla -apenas- no se cumple lo sentenciado, sencillamente porque al poder, no le da la gana de cumplir y, los que la otorgaron, terminan haciéndose a los del otro viernes (en muchos casos porque aquellos obligados intervienen en su nombramiento o mantenimiento en su cargo); peor cuando se trata de obligados poderosos que gozan de impunidad oficial (al menos por el momento�?�) y, han degradado al sistema de administración de justicia, en una jungla en la que impera la perversidad institucionalizada (excepciones aplican, por supuesto) y ponen al soberano, a usted estimado lector, en un grado de absoluta indefensión frente a los poderes fácticos, sean políticos, partidarios, económicos, etc. HAYEK sentenció: �??El principal mal es el gobierno ilimitado�?� nadie está capacitado para ejercer un poder ilimitado�?�.