Gador considera retomar carpeta de compra de ambulancia de terapia intensiva

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�??El año 2022 hemos garantizado los recursos, entonces para la gestión 2024 estamos viendo la posibilidad de garantizar nuevamente estos recursos (�?�) El Sedes analizará estos aspectos para retomar la adquisición�?�, señaló el lunes 24 de julio, el asesor jurídico del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (Gador), Alfredo Dávalos, mediante conferencia de prensa.

El proceso de solicitud de compra directa fue rechazado por la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro (ALDO), con varias observaciones, una de ellas fue el presunto sobreprecio en la cotización de la ambulancia de terapia intensiva neonatal que, fue enunciado públicamente por la asambleísta Carolina Lino.

Dávalos señaló que el proceso estaba amparado al Decreto Supremo N° 4432 de diciembre de 2020, decretada durante la emergencia sanitaria por el Covid-19; misma que autoriza la contratación directa de bienes y servicios para la atención en salud. También informó que el Gador hizo una respectiva justificación de la adquisición de la ambulancia.

Según refirió el 14 de marzo, el responsable de la Unidad de Administración del Sedes, Roberto Medina, recibieron la cotización de RVC Medical S.R.L. con un monto de 1.945.000 bolivianos, más adelante se presentó la cotización de la empresa, Metal Mecánica de Omnibuses y Partes (Mopar S.A.), con un monto de 1.705.000 bolivianos.

�??De acuerdo al reporte del Sedes, era muy necesaria esta ambulancia (�?�) Ya se tenían los recursos garantizados�?�, refirió Dávalos, puesto que el financiamiento provenía de un concurso internacional de proyectos que ganó el Servicio Departamental de Salud (Sedes).

Si bien, Dávalos aseguró que el plazo se cumplió ayer, el lapso fenece este próximo miércoles, tomando en cuenta los días hábiles. Por su parte, Lino anunció que presentará la documentación solicitada, aproximadamente, a las 10:00 horas del miércoles.

Carolina Lino enfrenta tres procesos: el primero ante el juez cautelar por un proceso impuesto por seis funcionarios del Gador, y otro proceso administrativo presentado por Carolina Revilla la Torre y el amparo constitucional referido recientemente.

Fuente: LA PATRIA