Defensoría del Pueblo propone modificación del reglamento de la Ley contra el Acoso y Violencia Política

¿Fotos en alta resolución?, cámbiate a Premium...

Debido a la recurrencia de casos de violencia de género, acoso y violencia política, así como violencia entre pares en el ámbito educativo, la Defensoría del Pueblo planteó la modificación al reglamento de la Ley de Acoso y Violencia Política; ajustes a la Guía de Declaratoria de Alerta contra la Violencia de Género; y la creación del �??Defensor Estudiantil�?�.

El Delegado Defensorial de Oruro, Juan Arroyo, dio a conocer la preocupación de la institución defensorial frente al tema del acoso y violencia política. Se evidenció que en muchos gobiernos municipales se exige a las concejales renunciar para dar paso a sus suplentes, lo cual es considerado una forma de acoso y violencia política.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo, junto con la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol), planteó al Ministerio de Justicia y Presidencia modificar el decreto supremo 2935 que reglamenta la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política. Esto permitiría ampliar el Mecanismo Nacional de Prevención y Atención Inmediata a nivel departamental.

�??Desde 2018 hasta 2023 hemos tenido alrededor de 600 denuncias por acoso y violencia política. Sin embargo, solamente tres procesos judiciales han terminado en sentencias. Es un porcentaje sumamente mínimo que no permite cumplir con lo establecido por ley�?�, señaló Arroyo.

En cuanto a la violencia de género, se resalta la necesidad de modificar la Guía para la Declaratoria de Alerta contra la Violencia de Género. Esta guía, que data del 2015, está descontextualizada en relación a la actual coyuntura y no cuenta con parámetros mínimos o máximos en cuanto a los índices de casos para realizar la declaratoria.

En cuanto al tema del acoso y bullying en las unidades educativas, Arroyo menciona que existen normativas e instrumentos que no están siendo observados por las autoridades y las unidades educativas. Por ello, se propone fortalecer y dar vigencia a los planes de convivencia pacífica que deben tener cada unidad educativa. Además, se plantea crear un �??Defensor Estudiantil�?� con la incorporación de un estudiante capacitado en temas de derechos humanos.

Este proyecto contará con el apoyo tanto de la Defensoría del Pueblo como de instituciones aliadas que trabajan en este ámbito y ayudaría a reducir los casos de acoso y bullying en las unidades educativas.

Fuente: LA PATRIA