EE. UU. identifica “problemas” respecto a los Derechos Humanos en Bolivia

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Este viernes el Departamento de Estado de Estados Unidos (EE. UU.) presentó su informe sobre Prácticas de Derechos Humanos en el 2011, donde identifica los principales “problemas” que atraviesa Bolivia en esta materia.

“Los principales problemas de derechos humanos reportados fueron la privación arbitraria o ilegal de la vida, arresto o detención arbitrarios y la denegación de un juicio público justo”, señala el informe estadounidense compuesto por siete secciones que detallan caso por caso los problemas en Derechos Humanos que se tuvieron en el país.

El documento, además, identifica otros problemas en esta temática donde están incluidas “las duras condiciones penitenciarias, la corrupción oficial, la falta de transparencia en el Gobierno, la violencia y la discriminación contra la mujer y la trata de personas”.

PRIVACIÓN ARBITRARIA

O ILEGAL DE LA VIDA

Entre los casos que son detallados por el Gobierno estadounidense se encuentran el fallecimiento del subteniente Grover Poma Guanto, en febrero de 2011; las muertes de los dos jóvenes en los enfrentamientos entre pobladores de Caranavi y el Policía, en mayo de 2010; la muerte de David Olorio Apaza, supuestamente por torturas que habría recibido por parte de la Policía y la muerte de los cuatro policías en Uncía, Potosí.

“El caso que involucra a Mayo de 2010 miembros de la comunidad que capturaron, torturaron y ejecutaron a cuatro policías en la localidad de Uncía, departamento de Potosí, fue trasladado a la ciudad de Potosí para el juicio. Cinco sospechosos fueron acusados de la matanza, aunque al final del año sólo tres habían sido detenidos. La fase de investigación del caso se terminó”, señala el informe del Departamento de Estado.

Dentro de este capítulo, además, se menciona los actos de tortura y otros tratos crueles que se habrían registrado en el país. El documento hace mención al caso de José Cantoral y otros tres peruanos que fueron arrestados por cargos de terrorismo.

Informa además sobre detenciones arbitrarias, haciendo referencia al caso del ex presidente del Banco Central de Bolivia Juan Antonio Morales; Jorge Melgar, líder del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y del ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.

Hace mención también a procesos judiciales en contra de figuras políticas, como ser el caso del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, procesado por desacato por el fiscal Marcelo Soza; el ex gobernador de Beni, Ernesto Suárez y de los ex alcaldes cruceños de Pailón y Cotoca, Marlene Jaldín y Estanislao Arauz, respectivamente.

“En noviembre de 2010 el ex alcalde de Sucre, Jaime Barrón del Pacto de Integración Social (PAIS), fue encarcelado por acosar a los agricultores y posteriormente puesto bajo arresto domiciliario”, señala el informe.

RESPETO POR LAS

LIBERTADES CIVILES

Esta sección del informe se aboca a la relación del Gobierno con los medios de comunicación, en la que sostiene que si bien el “Gobierno generalmente respeta este derecho, mantuvo una relación antagónica con la prensa”.

Además, en este capítulo hace referencia a la “libertad de reunión pacífica y de la ley”, en la que cita la intervención policial que sufrió la VIII marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) en septiembre del año pasado. De acuerdo al informe, el Gobierno “generalmente respetó este derecho en la práctica”, pero observa algunas particularidades.

“El 25 de septiembre, las fuerzas policiales en Yucumo, Beni, utilizó gas lacrimógeno y otros métodos para disolver una marcha por los líderes indígenas que protestaban por la construcción de una carretera a través de su tierra. La Policía detuvo temporalmente a decenas de manifestantes, y algunos resultaron heridos en el incidente”, sostiene.

RESPETO A LOS

DERECHOS POLÍTICOS

El informe observa la “carencia” de documentos de identidad necesarios para sufragar en particular en las áreas rurales. En esa línea, EE. UU. se refirió a las elecciones judiciales llevadas a cabo el 16 de octubre pasado, donde destaca los informes presentados por la Organización de Estados Americanos y la Unión de Naciones Suramericanas que calificaron de “libres y justas” estos comicios.

“Sin embargo, las leyes electorales prohíbe el acceso a los medios de comunicación a los candidatos antes de las elecciones y líderes de la oposición reclamaron la preselección de los candidatos por el Congreso. Dictó el voto ‘legal, pero no legítima’”, precisa el documento.

LA CORRUPCIÓN OFICIAL Y LA LEY

En esta sección, el Departamento de Estado incide en los casos de corrupción registrados en el país, donde observa que “el Gobierno no implementó la ley efectivamente y funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del gobierno a menudo involucrados en prácticas corruptas con impunidad”.

“Un estudio de Transparencia Internacional 2010 reveló que el 23 por ciento de los ciudadanos afirmaron haber pagado al menos un soborno en los últimos 12 meses”, señala el informe.

Fuente: Redacción Central, 25. (ANF).-