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Jueves 24 de mayo de 2012

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Jueves 24 de mayo de 2012
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En Ecuador
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Mundo - Internacional

En Ecuador

Amnistía Internacional denuncia cargos "falsos" contra indígenas

24 may 2012

Fuente: Quito, 23 (EFE).-

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional denunció hoy (ayer) el uso del sistema judicial en Ecuador aparentemente para acallar críticas al Gobierno, incluido el empleo de cargos "falsos" de terrorismo y sabotaje contra indígenas.

En total, 129 indígenas están acusados de terrorismo, sabotaje, asociación ilícita, intento de asesinato y otros delitos en conexión con protestas, según la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que ha pedido una amnistía para ellos a la Asamblea Nacional (Parlamento), según explicó a Efe una fuente de la entidad.

Hoy (ayer) recibieron el apoyo de Amnistía Internacional, que incluyó su situación en su informe anual sobre derechos humanos.

"Son investigaciones que no tienen evidencia", dijo a Efe Tamaryn Nelson, la encargada de temas de Ecuador en la organización, que tiene su sede en Londres. "No tienen fundamento jurídico", añadió.

Nelson dijo que el Gobierno ha impulsado políticas y leyes "sin consultar a las comunidades afectadas", lo que ha generado protestas, y su respuesta ha sido "utilizar el sistema judicial en contra de dirigentes, tanto campesinos como indígenas".

"Lo que pareciera es que están usando eso como una forma de acallar a los que son críticos al Gobierno", afirmó.

En cambio, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha negado que se "criminalice la protesta social". A finales de marzo, afirmó que solo había 42 casos, de los cuales 38 estaban en etapa de investigación, de acuerdo con el diario oficial "El Ciudadano".De los cuatro en fase de juicio, en dos la acusación proviene de entidades privadas y los otros dos del Estado, aclaró el presidente, quien también ha aseverado que los medios de comunicación llaman protesta social a actos de "violencia social".

En su informe, Amnistía Internacional destacó el caso de José Acacho, uno de los líderes de la Conaie, y de otros dos indígenas, acusados de asesinato, sabotaje y terrorismo "pese a la ausencia de pruebas".

Nelson explicó que en algunos casos ante la falta de evidencia de los cargos más graves éstos se han retirado y sustituidos por el de obstrucción de vías.

"Eso para nosotros sí que es preocupante porque limita la forma en que una persona va a hacer una protesta", señaló.

La organización también se unió a otras asociaciones internacionales de derechos humanos y de prensa que han denunciado las "restricciones" a la libertad de prensa en Ecuador.

A ese respecto, Nelson dijo que "es preocupante el uso del sistema judicial en contra de personas que hacen críticas al Gobierno", pues, en su opinión, manda "una señal" a la sociedad para que no se cuestione al Ejecutivo.

El informe destaca la demanda de Correa contra el diario El Universo por injurias, que resultó en una pena de tres años de prisión y el pago de una indemnización de 40 millones de dólares contra tres directivos y un exeditorialista, a los que al final el presidente perdonó.

Correa ha señalado que defiende la "verdadera" libertad de expresión y acusa a lo que él llama la "prensa corrupta" de velar tan solo por sus intereses empresariales.

Como avance en el terreno de los derechos humanos, Nelson citó el derecho reconocido en la Constitución, aprobada en 2008 e impulsada por Correa, de que se consulte a las comunidades indígenas antes de realizar proyectos petroleros o mineros en su territorio, o de que se aprueben leyes que afecten sus derechos colectivos.

Sin embargo, la representante de Amnistía Internacional afirmó que hasta ahora el Gobierno no ha establecido un mecanismo para realizar esa consulta, de forma que los indígenas puedan ejercer "el derecho al consentimiento previo, libre e informado".

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciará durante este año sobre ese tema, como resultado de una demanda presentada por el pueblo indígena ecuatoriano Sarayaku, que se opone a la explotación petrolera en su territorio.

Correa mantiene que la normativa internacional y ecuatoriana establece que esa consulta previa "no es vinculante", y enfatiza que Ecuador necesita los recursos petroleros para su desarrollo económico.

Fuente: Quito, 23 (EFE).-
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