Trabas a la reforma judicial

Desde que el actual Gobierno está en el poder, a través de su ministro de Justicia, Iván Lima, prometió llevar adelante una reforma que mejore el sistema judicial, que está tan echado a menos por la corrupción, la injusticia y los favoritismos, pero un primer y un segundo intentos de concretar dicha misión resultaron en fracaso y la autoridad no volvió a tocar el tema.

Ante la falta de convocatoria y de interés en reformar la justicia, un grupo de juristas independientes se reunió para tomar la batuta e impulsar una iniciativa ciudadana para que se concrete la tan ansiada reforma, que promete realizar cambios para el bien de la sociedad.

Entre las fallas encontradas en el sistema judicial, empezando por la elección de jueces y magistrados por voto popular, y la imposición, de antemano, de candidatos leales al gobierno, ya que ante la desconfianza que generaban esos personajes, ganó el voto nulo, pero aún así se posesionaron como altas autoridades del Poder Judicial.

Pero pocos obtuvieron algún tipo de castigo o sanción, la mayoría sigue ejerciendo su cargo y muchos jueces inclusive juzgan y dictan sentencias para opositores al régimen.

Las mismas leyes que fueron ideadas para prevenir delitos como los feminicidios no sirven o no se aplican en su cabal dimensión, y aún así se pone trabas a la iniciativa independiente de los juristas que desean llevar a buen puerto la reforma judicial.

Según denunciaron los juristas independientes, "la primera traba que les pusieron fue la demora en la aprobación de las preguntas del referéndum popular"; la segunda "el plazo de 90 días que se fijó para recolectar las firmas, desde que se aprobó el formato de los libros"; otra, "la imposición de un requisito de notariación de los libros, con actas de apertura y de cierre, que no estaba previsto en los reglamentos vigentes".

También reclamaron por "la transcripción electrónica de todas las partidas que se recolectan en 17.000 libros habilitados, en el mismo plazo de 90 días"; "el rechazo a la implementación del sistema biométrico que sí pueden usar partidos políticos, la imposición del plazo de 90 días que no está estipulado en ninguna normativa, y finalmente, las declaraciones del presidente del TSE, Oscar Hassenteufel, desahuciando la iniciativa ciudadana".

A esto se suma el millonario gasto que supondría poner en práctica todo lo que se exige para realizar esta iniciativa ciudadana.

Por su parte el ministro, quien había prometido llevar adelante dicho proceso, señaló que será imposible concretar la reforma judicial antes de 2029, en primer lugar, dijo que para que se cumpla el mismo se tendría que prorrogar en su cargo a las actuales autoridades jurídicas.

Asimismo, señaló que "los plazos que plantean los juristas no son oportunos, porque luego de reunir las 1,5 millones de firmas, la propuesta debe ser remitida al TCP, luego pasar, mediante una ley, al Legislativo donde se requieren los dos tercios de voto para la aprobación de lo que debe ser el referendo constitucional para la reforma judicial".