La inclusión en la CPE de una norma que obliga a una “consulta previa” a los habitantes originarios de algunas comunidades donde se detectan riquezas naturales y que pueden ser explotadas para beneficio del entorno donde se emplazan las operaciones, sean estas hidrocarburíferas o mineras, está ocasionando un gravísimo problema a la instancia gubernamental que deberá resolver y perentoriamente entre hacer cumplir su propia regulación de llegar a los comunarios con una pregunta para que decidan lo que quieren sectorialmente o establecer medidas que defiendan el interés y la suerte, no sólo de una comunidad sino del país en su conjunto.
La regulación inserta en la nueva Constitución ya ha ocasionado una serie de perjuicios a inversionistas, a trabajadores asalariados y por supuesto al Estado que aparece como “emparedado” al centro de dos corrientes que luchan por sus derechos y en un caso además por sus bienes, mientras que la otra sólo busca satisfacer su urgencia económica sin importar la depredación que realiza con los violentos avasallamientos que ya han ocasionado mucho daño y perjuicio.
El problema es que el país vive, se mantiene con las utilidades que generan la exploración, extracción y exportación de hidrocarburos, especialmente el gas y luego la minería en su conjunto que tiene importante rentabilidad, ambas riquezas no renovables, permiten vía impuestos y regalías el sostenimiento del Erario Nacional y los Tesoros Departamentales, por tanto los beneficios son comunes, entendiendo además que esos recursos son del Estado y por tanto de todos los bolivianos y no de ningún sector originario en particular.
El caso del Tipnis es otro ejemplo controversial sobre la “consulta previa” porque resulta que antes de efectuar ese trámite ya se definió construir una carretera que atraviese su terreno a lo que se oponen con muchas justificaciones los verdaderos comunarios de la reserva ecológica, pero para enmendar ese error ahora desde el Poder Ejecutivo se insiste en realizar una consulta que ya no tiene nada de previa y que ha convulsionado la región.
El último caso que está preocupando no sólo a los empresarios que detectaron un rico yacimiento minero en la zona del norte potosino, sino también a las autoridades de ese departamento y a las de minería en el país, es la reacción de grupos aislados de comunarios que actúan alentados por típicas consignas de sectores medioambientalistas oponiéndose a las actividades mineras.
El caso de la Mina Mallku Khota tiene asentimiento de cuatro de seis ayllus y sin embargo la minoría resulta la más agresiva y plantea el retiro de la empresa subsidiaria de la South American Silver que tras las primeras operaciones de exploración hicieron saber que el potencial del yacimiento de esa región puede considerarse como uno de los más importantes del mundo por sus características particulares de poseer ingentes cantidades de plata, indio y galio, convirtiéndose por tanto en una operación más grande que la de San Cristóbal en la misma jurisdicción potosina.
La situación es tensa y se convertirá en la obligatoria presión al Ejecutivo para que de una vez resuelva, mediante disposiciones reglamentarias, ese tema de la consulta previa, tomando en cuenta que en todo caso por encima de los enconados intereses sectoriales están los derechos de todos los bolivianos y la perspectiva del Estado boliviano para garantizar inversiones y el desarrollo de los megaproyectos mineros y petroleros.
Fuente: LA PATRIA
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