Investigan a fiscal Yañíquez por “incumplimiento doloso de plazos procesales” en caso Aduana

¿Fotos en alta resolución?, cámbiate a Premium...

La fiscal de Distrito de La Paz, Betty Yañíquez, está siendo investigada por la Inspectoría General del Ministerio Público, al establecer que “presumiblemente” hubiera cometido “incumplimiento doloso de plazos procesales” al retener por más de dos meses el cuaderno de investigaciones del caso de compra con sobreprecio de un inmueble para la Aduana regional Oruro.

La última semana una comisión de la Inspectoría General del Ministerio Público arribó a la ciudad de La Paz, desde Sucre, para iniciar con la toma de declaraciones de Yañíquez y de los miembros del Directorio de la Aduana que la denunciaron por retardación de justicia.

“Resulta llamativo algunos aspectos de dicha resolución, que no se pueden pasar por alto; se evidencia un posible incumplimiento de plazos”, señala la resolución de la Inspectora General del Ministerio Público, Soledad Molina, a la que accedió la ANF.

A ello se suma, además, que la resolución del incidente por parte de Yañíquez se efectuó el 27 de enero de este año, cuando la objeción de Jiménez fue presentada el 30 de enero.

“Es ilógico que dicha resolución jerárquica tome los fundamentos de la objeción de un memorial presentado con posterioridad, un segundo aspecto que llama la atención es que (…), Silvano Arancibia Colque (Vicepresidente del Directorio de la Aduana) recién es notificado con la Resolución Jerárquica emitida en fecha 27 de enero de 2012, el 4 de abril de 2012, a horas 18:00, es decir, dos meses después, así consta por la diligencia de notificaciones de la Fiscalía de Distrito, situación muy irregular, que hace presumir cierta irregularidad en la emisión de la resolución jerárquica”, señala el documento.

De acuerdo a norma, Yañíquez tenía 72 horas para resolver la objeción de Jiménez y 24 horas para la notificación de la misma a las partes, “hecho que no hubiera ocurrido en el presente caso”, precisa la Inspectora General.

Al respecto, el abogado del Directorio de la Aduana, Carlos Ávila, mencionó que estos actos de la fiscal de Distrito son “irregulares” y destinados a retardar este caso en el que se encuentra imputada la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya.

“Hemos desnudado nosotros un gigante esquema entre abogados, fiscales y funcionarios judiciales que han contribuido a la dilación y obstaculización de la investigación contra Marlene Ardaya por la compra y venta de un inmueble que se hizo con sobreprecio”, manifestó el jurista a la ANF.

Pedido de medidas cautelares para la presidenta de la Aduana

Ávila dio a conocer además que, tras ser resuelto un incidente de acumulación de causas presentado por los imputados ante el Juzgado Noveno de Instrucción en lo Penal, se presentó el pasado viernes la solicitud de medidas cautelares para la presidenta de la ANB.

“Estamos reiterando, porque lo hicimos en varias oportunidades, la solicitud de medidas cautelares en contra de Marlene Ardaya, estimamos que ya no existen más obstáculos para que este acto procesal tenga lugar”, manifestó, a tiempo de precisar que se busca la detención preventiva.

Asimismo, enviaron una solicitud a la fiscal del caso, Marlene Taboada, para que proceda a la emisión del documento conclusivo del caso. “Estamos pidiendo al Ministerio Público para que se presente acusación formal en contra de los imputados y la presidenta ejecutiva (Ardaya) como principal procesada, para de una vez dilucidar la verdad de los hechos en un juicio oral público”, precisó.

El 2011 un informe de Auditoría Especial sobre el precio de adquisición de un inmueble para las oficinas de la Gerencia Regional de la Aduana de Oruro confirmó que la misma fue comprada con un sobreprecio de 74.144,68 dólares, pues se lo adquirió con 456.290,78 dólares, cuando el valor comercial del mismo, de acuerdo a un avalúo de la Cámara Departamental de la Construcción de La Paz, era de 382.146,10 dólares.

A raíz de este caso, el Directorio de la ANB denunció a Ardaya y a la exgerente general de esta institución, Eva Quino Valdez, por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, lo que, posteriormente, significó que el Ministerio Público emitiera una imputación formal en contra de ambas autoridades, por "haber encontrado los indicios suficientes" de presunta culpabilidad en la compra de este inmueble.

Fuente: La Paz, 20 (ANF).-