Denuncia del actual Concejo por resoluciones contrarias a la Constitución es absurda e ilegal

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Tras la imputación formal por el delito de resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes contra los 11 concejales de la gestión 2015-2020, por haber nombrado de manera supuestamente ilegal a David Choque como alcalde en lugar de Saúl Aguilar, la defensa de los ex ediles Denisse Villca y Oswaldo Olivera, sostuvo que la denuncia del actual Ente Legislativo es �??absurda e ilegal�?�.

El abogado Benjamín Guzmán, recordó que el 31 de diciembre del 2020 a través de la promulgación de la ley la 089, el Concejo Municipal de Oruro (CMO) de ese entonces toma la decisión de cambiar al alcalde Aguilar por Choque ya que la ordenanza municipal manifestaba que su mandato fenecía el último día de esa gestión.

COMPARACI�?N

Guzmán hizo comparación al caso de la Gobernación, cuando el asambleísta Zenón Pizarro, que ingresó como gobernador sustituyendo a Víctor Hugo Vásquez tras su renuncia, siendo posesionado por la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro (ALDO) con una resolución departamental que señalaba que su mandato fenecería el 31 de mayo de 2020, que luego fue sustituido por Edson Oczachoque; pues el primero interpuso una acción de amparo constitucional en contra de toda la ALDO que fue negada por la justicia.

�??Pasó lo mismo en el Concejo, ese 31 de diciembre del 2020 cuando se promulga la ley el razonamiento que aplica esta ley dice que la 1270 no le alcanza, porque Aguilar fue electo para concejal no para alcalde, esta ley municipal no vulnera la 1270 y no es contraria a la constitución�?�, explicó Guzmán.

�??Aquí le queda dos cosas a la justicia, si decide imputarlos y continuar con esta farsa que ha generado el actual Concejo en contra de estos exfuncionarios tendrían que hacer lo mismo con los asambleístas, las sentencias constitucionales son de cumplimiento obligatorio y de carácter vinculante a hechos similares�?�, señaló.

Asimismo, la defensa de Villca y Olivera reiteró que lo que sucedió el 31 de diciembre del 2020 en el CMO es 100% similar a lo acontecido el 31 de mayo del 2020 en la ALDO y si las autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dijeron que ese cambio de gobernador fue correcto y legal y no fueron vulnerados los derechos de Pizarro, ese mismo razonamiento debe aplicarse para lo sucedido en el

Legislativo Municipal.

�??El Concejo tenía la obligación de hacer lo que hicieron porque no podían mantener un alcalde con una ordenanza municipal que ya había caducado el 31 de diciembre del 2020, sino hubieran hecho lo que hicieron ahí si les podrían haber procesado por incumplimiento de deberes, pero no al revés, esta denuncia que genera el actual Concejo es absurda e

ilegal�?�, añadió.

Fuente: LA PATRIA