Tribunal de Myanmar condena a Suu Kyi por corrupción

Un tribunal de Myanmar declaró el viernes a la destituida líder del país, Aung San Suu Kyi, culpable de corrupción y la sentenció a siete años en prisión en el último de una serie de casos penales en su contra, informó un funcionario judicial.

La decisión del tribunal la deja con un total de 33 años de cárcel por cumplir tras una serie de procesamientos de tinte político desde que el ejército derrocó a su gobierno electo en febrero de 2021.

El caso que concluyó el viernes se refería a cinco delitos tipificados en la ley anticorrupción y se produjo luego de condenas anteriores por otros siete cargos de corrupción, cada uno de ellos castigado con penas de hasta 15 años de prisión y una multa.

También ha sido condenada por otros delitos, como importación y tenencia ilegal de walkie-talkies, violación de las restricciones impuestas por el coronavirus, violación de la ley de secretos oficiales del país, sedición y fraude electoral.

Los partidarios de Suu Kyi y analistas independientes afirman que los numerosos cargos contra ella y sus aliados son un intento de legitimar la toma del poder por parte de la junta militar, al tiempo que la eliminan del espectro político antes de unas elecciones que han prometido para el próximo año.

En los cinco cargos de corrupción resueltos el viernes, se acusaba a Suu Kyi de haber abusado de su cargo y causado una pérdida de fondos estatales al no respetar la normativa financiera al conceder permiso a Win Myat Aye, miembro del gabinete de su anterior gobierno, para alquilar, comprar y mantener un helicóptero.

Suu Kyi era la jefa de gobierno de facto, con el título de consejera de Estado. Win Myint, que fue presidente de su gobierno, fue coacusado en el mismo caso.

El veredicto del viernes en la sala de vistas construida a tal efecto en la principal prisión de las afueras de la capital, Naypyitaw, fue dado a conocer por un funcionario judicial que insistió en mantener el anonimato por temor a ser castigado por las autoridades. El juicio se celebró a puerta cerrada para los medios de comunicación, diplomáticos y espectadores, y sus abogados tienen prohibido hablar de él por una orden mordaza.

Fuente: BANGKOK (AP)