Un anteproyecto de Ley de Fiscalización es analizado al interior de la Asamblea Legislativa Departamental y en varias comisiones de la misma con el objeto de “regular el trabajo del órgano ejecutivo”, toda vez que los legisladores en su trabajo diario han detectado que existen varias debilidades, lo que en buenas cuentas significan fallas de orden administrativo.
Es bueno saber que los asambleístas dedicarán parte de su tiempo a regular mediante Ley local sus propias actividades y el buen desempeño de estas para cumplir objetivos a favor de la comunidad, seguramente priorizando aquellas obligaciones que deben transformarse en servicios para la comunidad en el área rural, pero también en la ciudad capital.
Los actos irregulares en la administración de la Gobernación no son pocos y son más los que detectaron en la exadministración de la entonces Prefectura y que se convirtieron en una carga onerosa al comenzar la nueva administración, sin embargo no se ha hecho mucho por recuperar dinero malgastado y por la culminación legal y correcta de varios proyectos actualmente inconclusos.
Por supuesto que la Ley de Fiscalización que sea aprobada no tendrá efectos retroactivos, pero servirá para activar severos controles sobre el curso de los nuevos proyectos y gastos que se efectúen y en ese proceso administrativo por gravitación legal tendrá que agilitarse los trámites de recuperación y de normalización de las cuentas alteradas y afectadas de la gestión pasada.
Según los impulsores del anteproyecto de la Ley de Fiscalización, esa norma permitirá identificar causas irregulares, acondicionar reglamentos para hacer efectiva su operación o aplicación y llegar a la sanción pertinente en casos de incumplimiento o de manifiesta irresponsabilidad funcionaria que altere o postergue el desarrollo de planes de beneficio colectivo.
En la actualidad y en la Gobernación existen varios problemas pendientes de solución, algunos que tienen que ver con obras citadinas y otros que siendo del sector provincial también están retrasados, por lo mismo merecen una pronta estimulación administrativa para su avance regular y no caer en la aplicación de la fiscalización que establecerá los grados de irresponsabilidad o el manifiesto incumplimiento de personas asignadas para cumplir con específicas obligaciones.
Lo importante de esta labor que se han impuesto los asambleístas es que el análisis del anteproyecto de la Ley de Fiscalización sea abierto plenamente a todas las opiniones de quienes son parte del ente legislativo departamental, pero además que en su caso puedan recurrir al asesoramiento legal o técnico necesario para pulir el contenido de un documento que no debe tener ningún resquicio que pueda debilitar o invalidar su futuro uso en defensa de los intereses de la población en general.
Algo muy importante es que además del consenso que se logre en su aprobación, la Ley de Fiscalización debe estar limpia de cualquier contaminación política partidaria, pues su establecimiento regulador debe ser de plena utilidad y en cualquier instancia de la administración de la Gobernación de ahora en adelante.
Fuente: LA PATRIA
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