La encrucijada del Gobierno

Nadie quiere enfrentamientos, derramamiento de sangre, ni violencia, pero los hechos demuestran otra cosa, ayer se enfrentaron entre bolivianos en el puente Pailas y San Carlos, norte de Santa Cruz, porque unos defienden que se realice el Censo de Población y Vivienda en 2023 y otros apoyan al Gobierno en la suspensión de la encuesta nacional para 2024.

Lo que debía ser organizado, por ley, para noviembre de 2022, se ha convertido en motivo de confrontación entre grupos antagónicos, por el incumplimiento del personal del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, ya que inclusive se tenía dinero presupuestado para su realización.

El pueblo cruceño exige la realización del Censo lo antes posible, porque la encuesta servirá para repartir recursos económicos y para determinar cuántos escaños corresponderán a cada región. Santa Cruz debe tener un significativo crecimiento de su población, lo que le beneficiaría en cuanto a recursos como en representación parlamentaria.

Ayer, el enfrentamiento se produjo entre los que defendían el paro, manteniendo puntos de bloqueo en diferentes sectores, y afines al Gobierno del Movimiento Al Socialismo, MAS, que partieron en una marcha desde Yapacaní rumbo a la capital de Santa Cruz; aunque señalaron que se trataba de una medida pacífica, los marchitas aseguraron que irán tomando empresas a su paso y que finalmente tomarán la Gobernación para exigir la renuncia del gobernador cruceño.

He aquí la encrucijada para el Gobierno, pues está obligado a detener el enfrentamiento entre bolivianos y además defender la legalidad, debe hacer cumplir la ley y a la vez defender a quienes lo apoyan, aunque se encuentren en una situación de ilegalidad.

En primer lugar, el mismo Presidente Luis Arce, al término de la reunión nacional para definir la fecha del Censo, señaló que no se permitirá �??ningún tipo de amenaza, amedrentamiento e intentos de desestabilización contra autoridades electas�?�, por lo que, aun tratándose de un opositor deberían defender y cuidar a Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz.

Si bien el bloqueo es un delito, tipificado en el Código de Tránsito, también lo es la toma de empresas privadas, porque la Constitución Política del Estado, CPE, la garantiza y la protege, más aún si la toma es violenta; de oficio, la Policía y la Fiscalía deberían actuar contra esas personas que atentan a la propiedad privada.

El cerco a una ciudad también es una medida atentatoria contra la vida de las personas, porque impide el abastecimiento de alimentos y combustibles. Y en esto existe una confusión ya que grupos afines al partido de Gobierno señalaron que no permitirán a los cruceños abastecerse de combustibles y bloquearon la salida de la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, pero ahora son los jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista, los acusados de dicho bloqueo.

De un lado y del otro se están cometiendo excesos y delitos, por lo que el Gobierno debería detener a ambos, y la única manera de hacerlo pacíficamente es reanudando un diálogo sincero, en el que se escuche posiciones favorables a su mandato y también, aunque no les guste, la propuesta contraria, analizarlas y hacer lo que es mejor para la población boliviana.