El �??juqueo�?� se fortalece por falta de seguridad jurídica del Estado

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Oruro se ha convertido en la región más apetecida para los �??jucus�?� ladrones de minerales que operan en grupos delincuenciales que a título de �??comunarios�?� avallan las minas y realizan el cambio de los minerales que exportan por tierra, para beneficiarse con el ilícito negocio del tráfico de minerales, en el Altiplano Central del país y hacia los puertos del Pacífico.

La Minería Chica que vive su etapa de agonía por falta de incentivos y seguridad jurídica que debe brindar el Estado Plurinacional de Bolivia, soporta los grandes embates de la acción delincuencial de grupos organizados que operan en varias zonas amedrentando, amenazando y expulsando de las pertenencias mineras a los productores que son despojados de sus equipos y los concentrados burlando incluso el control de las autoridades.

En cambio, los productores mineros del sector privado reclaman urgente atención a sus demandas quienes por casi una década de la promulgación de la nueva Constitución Política de Estado (CPE) y su Ley 535 de Minería y Metalurgia, no se reactiva el aparato productivo minero, principal fuente generadora de empleos y regalías para el país, poniendo el riesgo las inversiones que realizan en la Minería Chica que es la principal victima de avasallamientos y despojo de sus pertenecías y de su patrimonio.

El diagnostico realizado por la Minería Chica, considerada la pequeña minería privada, advierte sobre las consecuencias del despojo de sus pertenencias mineras y ausencia de una acción efectiva del Estado para otorgar seguridad jurídica y social, con el fin de para evitar la desaparición de este sector que se ha convertido en vulnerable ante la acción de grupos supuestamente de �??comunarios�?� que ingresan a las minas, saquean su producción y roban sus equipos y maquinarias, llegando incluso a quemar las instalaciones, oficinas, depósitos y viviendas de los mineros.

NORMA CONTARIA A LA LEY

Los mineros chicos que fueron victimas de los avasallamientos, asaltos y robo de sus equipos y maquinarias, así como despojo de sus pertenencias, advierten que de acuerdo a la CPE el Estado solo debe reconoce 3 actores productivos mineros, a la industria minería estatal, la industria minera privada y las sociedades cooperativas, pidiendo abolir las mal llamadas �??empresas comunitarias�?� que solo fomentan labores clandestinas, sin pagar los impuestos de ley, ni las regalías mineras, permitiendo en incremento del �??juqueo�?� o robo de minerales.

Las observaciones fueron planteadas en reiteradas ocasiones a las autoridades del Ministerio de Minería y Metalurgia tras la aprobación de la Ley 535, sin que empero hasta la fecha se haya atendido las demandas de los principales productores de la minería que ven como languidece la minería chica mientras crece y se fortalece el �??juqueo�?� o robo de minerales, gozando en unos casos de cierta protección de algunas autoridades que permiten y fomentan este tipo de actividades delincuenciales que no son sancionadas por represalias que podrían asumir en las comunidades, amenazas con las que chantajean los ladrones que se hacen pasar hasta por autoridades comunitarias.

Por esas acciones ilegales en contra de los productores la vigencia de la Minería Chica, como factor de desarrollo económico y social en base a la identificación y caracterización de este sector productivo, es incierta, puesto que no se puede trabajar en las pertenencias mineras y mucho menos invertir, porque los �??jucus�?� están al asecho y esperan que los propietarios de minas realicen inversiones y la reactivación de sus empresas para ingresar y apoderarse sin que ninguna autoridad atienda sus reclamos presentados en reiteradas oportunidades ante el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) que tiene como principal responsabilidad controlar el cumplimiento de las normas legales que regulan la comercialización interna y externa de mineras y metales, de acuerdo con la ley 535 y, de la Autoridad Jurisdiccional de la Minería (AJAM).

En los registros de la Cámara de Minería de Oruro se tiene que el desarrollo de esta actividad productiva de la Minería Chica alcanzó a tener más de 7.000 productores independientes, pero ahora este sector está en su etapa de agonía al no contar las empresas privadas con apoyo efectivo e incentivos del gobierno para garantizar la seguridad jurídica y social, pidiendo abrogar la Ley 403 que es atentatoria a la minería privada.

PROTECCI�?N Y SEGURIDAD JURÍDICA

Los productores mineros exigen que el Estado Nacional cumpla con lo establecido en el Capítulo Cuarto de Minería y Metalurgia que en sus artículos 369 y 370 determina que el derecho minero en toda la cadena productiva, así como como los contratos mineros tienen que cumplir una función económica social ejercida directamente por sus titulares, en referencia a los responsables de las concesiones mineras.

Asimismo, cuando determina que el derecho minero que comprende las inversiones y trabajo en la prospección, exploración, explotación, concentración, industria o comercialización de los minerales o metales es de dominio de los titulares. La ley definirá los alcances de este derecho, que se complementa con la Ley 535 cuando en su artículo 99. (Derecho de seguridad y Protección Jurídica). Establece en el inciso I. �??El Estado Plurinacional garantiza la seguridad jurídica de los emprendimientos e inversiones mineras de los titulares de derechos mineros legalmente establecidos y dispone que, entre otros derechos, gozan del derecho de exigir de las autoridades públicas competentes, plena y efectiva protección frente a actos de personas individuales o colectivas que pretendan impedir o impidan el ejercicio efectivo de los derechos mineros reconocidos�?�.

Determinando en el inciso II. Que �??las personas colectivas o naturales que realicen actos que impidan el ejercicio de los derechos mineros, serán pasibles a sanciones establecidas en la norma vigente�?�.

En el artículo 104. (explotación ilegal). Se establece en el inciso I. que: �??El que realizare actividades de explotación de recursos minerales, sin contar con la autorización o derecho otorgado en el marco de la presente Ley (535), incurre en explotación ilegal. Las sanciones penales establecidas por Ley, deberán incluir la obligación de restituir al estado el valor de los minerales extraídos y de cumplir las obligaciones regalitarias y tributarias que correspondan.

En el inciso II. Determina que �??El Ministerio de Minería y Metalurgia en coordinación con la AJAM, ante la evidencia de explotación ilegal de recursos minerales, dispondrá, en el plazo máximo de 48 horas, mediante resolución fundamentada, la inmediata suspensión de actividades ilegales, procediendo, previa solicitud ante la autoridad competente, a la detención de los autores de explotación ilegal con el auxilio de la fuerza pública, para su presentación ante autoridades del Ministerio Público y a la neutralización, decomiso o destrucción de la maquinaria empleado.

El inciso III. Establece que �??la AJAM en base a los antecedentes y acciones asumidas en el parágrafo anterior, presentará denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para la iniciación inmediata de las acciones judiciales y su sanción penal.

Esta norma en la práctica se ignora y los productores mineros están librados a su suerte y son víctimas de amenazas y persecución por parte de los �??comunarios�?� que se apoderan de las minas y hacen uso y abuso de una autoridad territorial que nos les corresponde, según las varias denuncias realizadas por los productores mineros legalmente establecidos, quienes piden además la aplicación de la norma establecida en la Ley 1093 que incorpora en la Ley 1768 �??Código Penal�?� los artículos 132 ter, 326 bis, 332 bis y 332 ter, para sancionar la asociación delictuosa para la comisión de delitos vinculados a la sustracción de minerales, el hurto de minerales, robo de minerales, robo agravado de minerales con sanciones que establecen penas con presidio de seis a diez años.

Los mineros chicos denuncian que afrontan grandes y serios perjuicios, al extremo que una mina que ha sido revertida al Estado y no se permitió su adecuación por la falta de incentivos del gobierno, ahora es explotada y tiene un manejo discrecional sin contribuir con ningún pago de regalía, impuesto ni patente y se sólo se benefician los avasalladores que incluso se quedaron con los equipos y maquinaria de los legítimos productores que tienen la concesión.

Explicaron que las autoridades de minería no toman en cuenta que en la mayoría de las empresas de la Minería Chica, son emprendimientos mineros personales, sin que haya sido beneficiado con ninguna clases de ayudas o dádivas de los gobiernos de turno, mas al contrario estos gobiernos, con una muestra de total desconocimiento del sector, alentaron avasallamientos a los centros de trabajo, provocando una drástica reducción del número de productores mineros que a la fecha no supera el centenar de los más de 1000 asociados, que estaban registrados en CADEMIN-Oruro y frente a los 7.000 que existían antes.

Insistió al afirmar que no hay interés de las autoridades nacionales de minería para otorgar seguridad jurídica a las empresas mineras para garantizar la continuidad de operaciones de explotación porque son victimas de avasallamientos, la quema de sus instalaciones y el robo de sus concentrados, como recién ocurrió en la mina del Grupo Minera �??Frontanilla SRL:�?� en inmediaciones de Huanuni, supuestamente protegidos por las autoridades.

ROBO MASIVO DE CONCENTRADOS

Con anterioridad la presidente de la Federación de Empresarios Privados de Oruro (FEPO), Elvira Valdez, denunció que la Empresa Minera �??Frontanilla SRL.�?� es victima de varios robos y asalto a sus instalaciones, habiendo sido quemadas las oficinas y depósitos, por supuestos productores mineros quienes se apropiaron en tres oportunidades del mineral de zinc que se produce en el yacimiento de San Genaro-Villa Esperanza.

Los supuestos productores mineros de una supuesta Cooperativa Minera �??Fortuna Cobremayu�?� de Poopó para el llevar el mineral de zinc robado utilizaron volquetas de gran capacidad, respaldando el traslado con un Formulario 101, Nº 001351 del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro de la Secretaria Departamental de Minería y Metalurgia, hecho que fue puesto en conocimiento del gobernador Johnny F. Vedia, por un reclamo realizado por la Cámara Nacional de Minería y también ante el entonces secretario de Minería, Alejandro Escobar por otro reclamo presentado por la Cámara Departamental de Minería de Oruro, donde se denunció que incluso se utilizó un formulario de la misma Secretaria de Minería de la Gobernación, autorizando el traslado de los concentrados robados, sin que hasta la fecha se haya sancionado ese hecho delincuencial.

CAMBIO DE CONCENTRADOS EN RUTA

Otro caso se refiere al cambio de los concentrados de minerales que se exportaban desde Oruro con destino a la China y que en la ruta de esta ciudad hasta el puerto chileno de Iquique eran cambiados de forma hábil con la participación de un grupo de personas que fueron detenidas, puesto que incluso para burlar a los empresarios dueños de la carga, utilizan balanzas de pesaje, para mantener el peso de la tara que se tiene en la salida de destino con rumbo a la frontera boliviano-chilena.

En operativo dirigido por el Fiscal Departamental, Orlando Zapata, junto a otros fiscales, se logró aprehender a ocho personas involucradas en este delito de robo y cambio de concentrados en una hecho in fraganti a denuncia de un empresario boliviano que su empresa se dedica ala exportación de concentrados, con total cumplimiento de las normas, registros y pagos de regalías, impuestos y otros derechos que exige la norma.

En varias ocasiones este cambio de los concentrados se registro en la ruta intermedia y se presume la complicidad del conductor del tracto camión que transportaba los minerales con determinado valor y alto contenido de ley, que eran cambiados y sustituidos por otros lotes de minerales de baja calidad y que se califica como de baja ley, lo que generaba grandes pérdidas para los propietarios de la carga, que acudieron a diversas formas de control hasta identificar a los autores de estos actos delincuenciales, entre los que se encontraba una persona que se dedica a la comercialización de minerales. Los ochos detenidos serán cautelados dijo el fiscal Zapata, al confirmar que todos fueron encontrados en un garaje donde se realizaba la sustitución de los minerales.

Varios son los empresarios afectados por los cambios registrados de forma ilegal y aplicando un sistema para evitar que se advierta ese delito que se cometía desde hace más de medio año con participación de varias personas entre ellas una mujer que al parecer lideraba el grupo delincuencial.

Los concentrados de estaño y minerales complejos como plomo, plata y zinc, eran de buena calidad y alto contenido cuando salían de Oruro y al llegar a puerto esos valores cambiaban, por lo que los compradores de los países asiáticos, rechazaban lo que generaba grandes pérdidas a los productores mineros de Oruro y también para el Estado porque el mineral robado no pagaba ningún derecho ni regalías para su exportación clandestina, dijo el fiscal.

Para evitar el robo y sustitución de los concentrados, los propietarios de las empresas exportadoras se vieron obligados a incurrir en gastos mayores para controlar el tránsito garantizado de sus cargas desde Oruro y hasta la frontera con Chile para entregar la carga en puerto, lo que representó el apoyo de vigilancia especial y el uso de los sistemas de control satelital GPS para identificar y seguir el recorrido de los camiones con acople que llevan importante lote de minerales.

El caso fue ratificado por el fiscal Orlando Zapata, quien explicó que los empresarios denunciaron el hecho, conociendo que se produciría nuevamente el cambio y robo de los concentrados habiendo dispuesto que una comisión de fiscales realice el operativo donde ocho personas fueron encontradas en flagrancia cuando se producía el robo del mineral de la exportación, habiendo roto los precintos que son controlados por Senarecom.

Dijo que el mineral cumplía con todas las normas de ley para su exportación y que se realizó el pago de regalías, así como los impuestos nacionales de ley, habiéndose constatado que el cambio se realizaba en lugar intermedio de la ruta Oruro-Pisiga, en un garaje donde fueron aprehendidas las ocho personas que serán cauteladas para iniciar el proceso penal que prevé la ley.

ROBO EN MINA IZASUR

El último caso denunciado se registró el 12 de octubre de 2022 cuando un grupo de supuestos comunarios liderados por los señores Luis Guarayo Contreras y Daniel Guarayo Contreras y otros comunarios de Panti Pata en un número de 40 personas, obstaculizaron el ingreso a la empresa minera ISAZUR SRL. del área minera San José utilizando piedras y palos, golpeado y agrediendo a los trabajadores y responsables de la empresa, realizando la toma violenta rodeando a todos los trabajadores, para apoderarse de la maquinaria de trabajo, maquinas perforadoras, un pistón o pie de cabeza, así como 50 sacos de mineral complejo de zinc.

En la denuncia presentada ante la Fiscalía en Huanuni, se hace conocer que los supuestos comunarios además ingresaron y realizaron la toma de la mina impidiendo la realización de los trabajos de exploración, bajo amenazas de muerte a los trabajadores y los representantes de la empresa, dándose luego a la fuga, agrediendo físicamente a los trabajadores, quienes ahora piden garantías para trabajar al igual que el representante legal de la empresa, por haberse registrado varios robos y cometido una serie de abusos en contra de los propietarios de la empresa y destrozos de sus equipos y maquinarias, con el objeto del robo de los concentrados.

El hecho es de conocimiento también del Senarecom y la AJAM para exigir que se otorgue seguridad jurídica y se pueda garantizar las operaciones productivas en la mina ubicada en la provincia Pantaleón Dalence de Oruro. El caso esta a en el Ministerio Público para su procesamiento.

GRAN PERDIDA EN HUANUNI

La Empresa Minera Huanuni (EMH) registra grandes pérdidas por el robo de minerales y pese a existir un control policial, militar y de seguridad privada no se logró controlar el ingreso ilegal de los �??jucus�?� ladrones de minerales a interior mina, lo que afecta la economía y pone en riesgo la vida de los trabajadores de la mina estatal de estaño más importante del país,

Los grupos delincuenciales de los jucus que están bien organizados ingresan al cerro Posokoni todos los días y se estima una pérdida por encima de los dos millones de dólares que registra cada día la empresa, al margen de tener que invertir un millón de dólares al año en la última década para mantener los servicios de vigilancia, con los riesgos que ello supone.

Se estima que la pérdida anual por el robo de minerales que ocasionan los jucus supera los 25 millones de dólares año, lo que genera un gran perjuicio, según las autoridades de la Empresa Minera Huanuni, que combaten ese robo masivo con el apoyo decidido de los mineros regulares de la empresa, el personal de seguridad y los técnicos de Huanuni que son objeto de represalias, amenazas y hasta intimidación por parte de los jefes de las cuadrillas de jucus que ingresan a interior mina.