Política de enfrentamiento posterga desarrollo productivo

La política de enfrentamiento que aplica la Administración del Estado Plurinacional contra los pueblos y naciones indígenas, así como los sectores sociales que reclaman atención a sus demandas sectoriales, salariales y piden urgente generación de empleos, posterga indefinidamente el desarrollo productivo que debía darse en el país como única forma de garantizar una mejor calidad de vida para los bolivianos.

Si como se afirma que los ingresos se incrementaron en base a la producción minera y de hidrocarburos, permitiendo que la inversión pública de 500 millones de dólares que era el año 2005 llegue ahora a los 5.500 millones de dólares el año 2012 –según confirmó el Presidente Evo Morales durante un acto en el municipio tarijeño de Padcaya- demuestra que tener las cifras no es suficiente para producir empleo y lo que es más, para superar los niveles de pobreza y extrema pobreza en varias regiones del país.

Esa situación de desesperanza que genera el Gobierno se debe a la falta de políticas integrales que permitan un crecimiento económico sostenido y sustentable del país en base al desarrollo productivo, a lo que se suma una pésima administración de los conflictos sociales que siempre llegan a situaciones extremas con muertes y heridos, después de enfrentamientos, sin lograr acuerdos que podrían darse a través del diálogo directo y sincero.

A eso se suma la actitud de los gobernantes que se esfuerzan por demostrar que los conflictos sociales no afectan a la administración gubernamental y que perjudica a la población boliviana en su conjunto, con las protestas y movilizaciones de diversos sectores como los indígenas del Tipnis que rechazan la construcción de una carretera por el centro del Parque Nacional Isiboro Sécure, los médicos y trabajadores en salud que piden derogar el Decreto Supremo 1126, los asalariados de la Central Obrera Boliviana que reclaman un incremento salarial justo y el sistema nacional de la universidad pública que piden respeto a la autonomía universitaria, frente a una “oposición” carece de liderazgo que mantiene su vieja postura de no permitir el surgimiento de nuevos líderes que hagan frente a la estructura oficialista para demostrar que hay una herrada política de gobierno que no es capaz de administrar y llevar adelante el cambio pedido y apoyado por los bolivianos.

La estructura actual se mantendrá mientras el Estado Plurinacional continúe viviendo de los ingresos del gas y los minerales que generan recursos económicos suficientes para cubrir el pago de rentas y bonos que otorga el Gobierno para conservar el respaldo de la población, sin interesarle una urgente demanda de fuente de trabajo que cada día crece en la ciudadanía que pide mayor inversión en proyectos de desarrollo productivo.

Así se diluyen las esperanzas de producir carbonato de litio en el Salar de Uyuni, donde los técnicos “más selectos” de la administración Morales experimentan su producción, al igual que el proyecto minero para la explotación del hierro del Mutún que no arranca desde hace seis años por problemas y diferencias que el gobierno tiene con la Jindal Steel, empresa transnacional adjudicataria del proyecto. Tampoco se ejecuta la instalación de las plantas petroquímicas industriales separadoras de líquidos en el sector de hidrocarburos concretamente para la producción de gas, al igual que la mentada diversificación de la producción de coca para ofrecer al mercado internacional, harina, medicamentos, pastas dentales, licores y otros productos en base a la milenaria hoja sagrada.

Los perjuicios también están presentes para el desarrollo productivo minero de Occidente, por la ausencia de una política que garantice la diversificación de su producción a partir de la instalación de una fundidora de zinc en Oruro, cuya ley fue promulgada en la anterior legislación, aumente la producción de otros minerales y permita obtener metálico con valor agregado para no seguir exportando materia prima que después de ser procesada vuelva con un aumento de precio sustancial para el consumo de diversos productos por los bolivianos.

Entonces la ausencia de políticas de desarrollo resulta ser la mayor debilidad de la actual administración de gobierno que actúa con criterio discrecional con una actitud paternalista que hace que el modelo ideológico indigenista se diluya en acciones neoliberales o de libre mercado para satisfacer demandas que están destinadas a mantener su hegemonía de liderazgo antes que atender los pedidos de cientos y miles de bolivianos que reclaman un cambio de actitud en los gobernantes. Ojalá pueda darse el desarrollo productivo en el corto plazo y no siga siendo un discurso de plazuela mientras el Estado siga viviendo del gas y los minerales, acallando las demandas con la política de enfrentamiento y división.

(*) Periodista