La urgente reforma judicial

Ahora que el Presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora estuvo en la asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, hablando sobre la libertad e imparcialidad de la justicia en el país, finalmente se decidió llevar el tema de dicha reforma a un referendo, con cuatro preguntas.

Además las críticas de Human Rights Watch para América Latina, a través de su investigador César Muñoz, fueron duras para el sistema judicial del país, sobre todo en la actuación de fiscales que investigan con celeridad ciertos casos, pero otros pasan al olvido por la falta de atención. Puntualmente Muños señaló que, �??llama la atención el empeño de la fiscalía en ciertos casos, incluyendo mediante imputaciones aparentemente excesivas, y su falta de interés en investigar otros�?�.

Entre los casos que más llamó la atención de Muñoz fue el de los periodistas que trabajaron para BTV, durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, imputados por la vía penal, por temas administrativos, ya que se les acusa de haber hecho algunas contrataciones con pagos excesivos.

También destacó que casos como los de la violencia desatada a finales de 2019 están impunes, señaló que sin importar la ideología, si concuerdan o no con el Gobierno, se debe hacer justicia y compensar a las víctimas.

�??El propio GIEI destacó graves falencias en las investigaciones de los abusos ocurridos en 2019 e instó a la Fiscalía General del Estado a reabrir casos que había cerrado sin una debida investigación. A la fecha, no ha habido justicia para las víctimas de las masacres, violencia y torturas ocurridas a finales de 2019�?�, puso como ejemplo Muñoz. Criticó la �??desproporcionalidad�?� entre las acusaciones realizadas contra los periodistas y el tipo penal utilizado, que implican entre cinco y diez años de cárcel.

Además señaló que la Fiscalía debe realizar investigaciones completas e imparciales, sin importar las opiniones políticas de las víctimas, no de los señalados como victimarios.

Según la explicación que se da sobre esta determinación es que, al haber sido favorecidos los jueces y magistrados con los puestos que ocuparán en el poder judicial, quedarán en deuda con quienes les ayudaron a conseguirlo, por lo que su actuar no será imparcial y mucho menos ético.

También se planteó la creación de un cuerpo colegiado, denominado Comisión Nacional Ciudadana, integrado por especialistas postulados por las instituciones más representativas de la sociedad, que sería el eje de una transformación radical en la selección y nombramiento de los jueces y magistrados, mediante la valoración justa de la idoneidad y probidad de los postulantes.

Pero para poder llevar la reforma de la justicia a plebiscito, es necesario recolectar 1,5 millones de firmas en los libros facilitados por el Tribunal Supremo Electoral, TSE, seguramente ya se darán a conocer los puntos de recolección de firmas y se pondrán a disposición los libros para empezar el proceso rumbo al referendo sobre la reforma de la justicia, que urge realizar en Bolivia.